LO QUE NO DICE EL DOCTOR SOJO

Luis de la Barreda Solórzano

Lo más interesante del artículo “Seguridad pública: prioridad para el INEGI” del doctor Eduardo Sojo (Reforma, 10/XII/2001) no es lo que dice sino lo que no dice.

El doctor Sojo se refiere a las “críticas y apreciaciones” a que ha estado sujeta la encuesta nacional sobre inseguridad que realizó en 2010 el INEGI, organismo que él preside, a las que, dice, resulta imposible responder en el espacio de su artículo, lo cual, anuncia, “se hará por otros medios”, sin precisar qué medios. Pero acota que varias de las críticas no se sostienen una vez que se hace un análisis con mayor rigor estadístico. Sin mencionar una sola de tales críticas, reprocha que se ha dicho que según el INEGI bajó la criminalidad en relación con los años anteriores, pero, aclara, el número de delitos no es significativamente distinto al de la encuesta del año precedente.

El doctor Sojo omite citar los cruces de datos que generan perplejidad. ¿Cómo explicar que en su encuesta la tasa de delitos haya descendido en más de 1,000 por cada 100,000 habitantes si el número de delitos denunciados aumentó y el porcentaje de denuncia se mantiene igual que un año atrás? ¿Cómo explicar que en su encuesta la tasa de víctimas haya decrecido si el porcentaje de hogares con víctima no muestra tendencia a la baja?

Hay otras preguntas inquietantes. ¿Por qué el INEGI dio validez a resultados de entidades como Chihuahua y Tamaulipas en las que no fue posible aplicar la tercera parte de los cuestionarios por razones relacionadas con la inseguridad? ¿Es creíble, a la luz de las noticias de las que nos enteramos a diario, que la incidencia delictiva en entidades como Guerrero y Tamaulipas sea menor que la de Yucatán? ¿Cómo comprender el fenómeno de que en Tamaulipas la criminalidad en sólo dos años haya decrecido en más de 60% —súbitamente la entidad se transformó en la Suiza mexicana— a pesar de lo que todos los días vemos en diarios y noticiarios?

Aún hay más interrogantes. ¿Por qué el INEGI, instituto autónomo, no publicó los resultados en su página sino hasta un día después de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública si el levantamiento concluyó dos meses antes? ¿Por qué omitió datos tan importantes como el porcentaje de presuntos responsables puestos a disposición de un juez en los casos denunciados o la opinión ciudadana sobre si los operativos del gobierno federal han mejorado la seguridad pública?

Muchas otras inquietudes han sido expuestas por analistas prestigiados que coinciden en reprobar que se haya oficializado una encuesta que surgió como iniciativa ciudadana. “Es demasiado grave que también eso se nos arrebate por una política caprichosa”, reclama Julián Andrade (La Razón, 27/VII/2010). Sergio Sarmiento lamenta que se haya quitado el estudio al ICESI, “un organismo independiente y profesional”, para dárselo al INEGI, “que ha hecho una encuesta por lo menos deficiente” (Reforma, 16/XII/2010). Federico Reyes Heroles va más allá: “Esto ya no es un asunto técnico… es una cuestión de principios, de honestidad” (Reforma, 14/XII/ 2010). Pedro Peñaloza señala: “… desplazaron al ICESI para agradar al poder” (Este país, I/2011). Héctor Aguilar Camín deplora: “Quizá la pérdida mayor en todo este incidente no sea la precisión, sino la credibilidad” (Milenio, 14/XII/2010).

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Artículo publicado en el periódico La razón de México 14 de Enero de 2011.