NO HAY PRISA

Luis de la Barreda Solórzano

La organización Human Rights Watch considera —en su demoledor informe “Ni seguridad ni derechos”— que el fracaso de la estrategia del Presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado se debe a que no se adoptaron a tiempo las medidas para reformar y fortalecer las instituciones de seguridad pública. En estos cinco años —dice el reporte— se ha exacerbado el clima de violencia en México y se ha registrado un drástico aumento de las violaciones de los derechos humanos.

Desde luego, es injusto culpar sólo al gobierno federal. Lustros, décadas y siglos no serán, por lo visto, suficientes para lograr una meta elemental: a los gobiernos estatales nunca les alcanzarán los plazos que ellos mismos van fijando, y ampliando, sólo para la evaluación y la depuración de las policías de sus entidades.

Ahora la excusa es que faltan poligrafistas; pero desde que se instauró, a fines del siglo pasado, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, su principal acuerdo ha sido el de limpiar y profesionalizar a los cuerpos policiacos. En cada sesión se renueva ese mismo acuerdo, y a la siguiente los avances son nulos. Sesión tras sesión se ha escenificado el mito de Sísifo, condenado a hacer rodar una gran roca hasta la cima de una montaña del Hades, operación que repetía sin cesar, pues en el momento de llegar a la cima le faltaban las fuerzas y la piedra caía de nuevo.

El promedio nacional de confianza ciudadana en sus policías estatales es de 5.8. A nadie puede extrañar esa mala reputación: todos sabemos que los agentes policiacos no cuentan con la preparación elemental para desempeñar su importantísima tarea, que una gran cantidad de ellos son corruptos y que frecuentemente están coludidos con la delincuencia.

Lo que no deja de ser asombroso es la incapacidad absoluta de los gobernantes para la autocrítica. A algunos gobernadores les irritó hasta la indigestión que en su presencia se exhibieran las cifras sobre la criminalidad que año con año aportaban las encuestas nacionales sobre inseguridad que realizaba el ICESI. El Presidente condescendió a su molestia: el gobierno federal decidió que la encuesta pasara a manos del INEGI, y así se cubrió con un velo el espejo que con mayor rigor reflejaba la realidad criminal mexicana. Pero ninguno de los gobernantes ha pedido disculpas a sus gobernados por el aumento de la violencia, ni ha reconocido errores, negligencia o apatía en la atención al problema, que es el que más irrita y lastima a la población, el que más deteriora su calidad de vida.

Ahora los gobernadores señalan que es muy corto el nuevo plazo de siete meses para la valoración de sus policías. Lo bueno de saberse inmortales, como los dioses, es que no se lleva prisa: se tiene toda la eternidad para cumplir las metas trazadas. ¿Qué tal siete años, o siete veces siete? Lo malo es que cada año crece vertiginosamente el número de mortales asesinados, secuestrados o extorsionados.

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Artículo publicado en el periódico La razón de México 11 de noviembre de 2011.