Se buscan poligrafistas

Cecilia Sayeg Seade

Recuerdo la primera ocasión en la que asistí a una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, fue la quinta y era el año 1998. Uno de los principales acuerdos que se adoptaron en aquel momento fue la depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos de las 32 entidades federativas. El acuerdo que se suscribió por los entonces mandatarios locales, era el compromiso de llevar a cabo dicha tarea en los siguientes dos años. El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) tenía el compromiso de establecer los criterios y  brindar asesoría para la aplicación de las evaluaciones en los gobiernos locales, quienes finalmente eran responsables de hacerlas.

Cada sesión de las que testifiqué se retomaba este punto de acuerdo, ante la falta de avances.

Diez años después, en 2008, vino aquella histórica sesión en la que se firmó el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad y en la cual también Alejandro Martí recriminó a los asistentes: “si no pueden renuncien”.

Hoy, el problema delictivo se puede resumir en algunos breves datos estadísticos: la incidencia oficial de delitos durante la última década ha aumentado en 10%: mientras que en el año 2000 se registraron 1,389 delitos del orden común por cada 100 mil habitantes, para 2010 la cifra pasó a 1, 533. Los homicidios dolosos por su parte, tuvieron un incremento de poco más del 28% al pasar de 14 por cada 100 mil habitantes en 2000 a 18 en 2010. Para contextualizar este dato, México ocupa el séptimo lugar con el mayor número de homicidios intencionales del mundo, por debajo de países como Sudáfrica, Venezuela y Colombia; y muy por arriba de Estados Unidos con 4.3, o de países como Irán, Palestina o Armenia cuyas tasas van entre los 2.8 y 2.5 por cada 100 mil habitantes.

Respecto a los secuestros y las extorsiones, de los cuales se tiene registro hasta hace muy pocos años, la información disponible más certera es la que proporcionan las Encuestas Nacionales sobre Inseguridad (conocidas como ENSI) del ICESI. Dichas encuestas nos advierten que los secuestros representan cerca del 1% del total de los delitos, es decir que se cometen alrededor de 70 mil secuestros anualmente. Por su parte, las extorsiones han pasado a ocupar el 10% del total de la criminalidad en los últimos 4 años, lo que significa que se cometen más de un millón cada año.

Cabe recordar también, que todos los delitos tienen una cifra oculta o negra, es decir un número de delitos que son cometidos,  pero que no llegan a registrarse como averiguaciones previas por el Ministerio Público  (ya sea por que las víctimas no los denuncian  o porque el MP no las inicia por razones diversas). La cifra negra promedio en México es del 85%, lo que significa que se registra tan solo uno de cada cinco delitos que se cometen.

Sabemos por la información pública y publicada disponible, que una buena proporción de las bandas del crimen organizado están constituidas por policías. No es raro encontrarnos con datos de bandas de secuestradores, narcotraficantes y extorsionadores en las que hay policías municipales, estatales e incluso federales. Un estudio realizado  también por el ICESI sobre el secuestro en México en 2010, apunta que en al menos el 13% de los casos los policías están involucrados, aunque se estima que este dato puede ser mucho mayor.

A 13 años de esa primera sesión del ’98, se volvió a plantear el tema de la evaluación y la depuración policíaca en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. En la reunión celebrada el pasado 31 de octubre de 2011, una de las respuestas de varios gobernadores fue sorprendente: resulta que ¡no hay poligrafistas suficientes para realizar las evaluaciones!!!

Lamentablemente, no saben nuestros gobernantes que el polígrafo es una de las tantas pruebas de la evaluación que se aplica, y que hay además otras sobre control de confianza que son quizás más importantes, precisamente porque el polígrafo tiene margen de error.

Mi primera reacción ante las respuestas de los titulares de los ejecutivos locales fue de profundo enojo. Cuántos miles de millones de pesos hemos gastado los mexicanos en seguridad pública y específicamente en el tema de evaluación, a través del Fondo para las Aportaciones de Seguridad Pública¹ que se asigna a través del SNSP para cumplir ciertas metas. Metas que incluso son los gobiernos estatales, junto con el propio Sistema quienes las establecen.

En estudios realizados sobre el costo del delito, se señala que el gasto de seguridad pública, proveniente exclusivamente del gasto público, fue, tan sólo durante 2009, de 194 mil millones de pesos, lo que implicó un crecimiento del 22% respecto al año anterior, que fue de 159.8 mil millones de pesos. Si a este dato le sumamos otros indicadores como son el gasto privado en seguridad y las pérdidas económicas de las víctimas del delito, entre otros, tenemos que el costo de inseguridad fue de ¡mil millones de pesos tan solo en un año!! equivalente al 8.9% del PIB.²

Pero más allá del enojo, me parece terriblemente lamentable y demuestra una falta de compromiso y responsabilidad social y ética la respuesta de los gobernadores cuando señalan que es muy corto el plazo ¡de casi siete meses! que el gobierno federal les daba para realizar dicha tarea ante “la escasez de poligrafistas” en el país (la propuesta del SNSP era tener la evaluación y la depuración en mayo de 2012).

Así pues, quizás los poligrafistas se conviertan hoy en la profesión más exitosa y mejor pagada de todas, si también logramos, con la voluntad política necesaria y la exigencia ante el hartazgo de todos los mexicanos, depurar a nuestras policías. Pero, por lo que pasó en esta última sesión del Consejo de Seguridad Pública, me parece que pasarán otros 10 años… Por eso, ¡hoy se buscan poligrafistas!