UNA SOLUCIÓN MÁGICA

Luis de la Barreda Solórzano

Están plenamente justificadas la insatisfacción, la desesperación, la rabia. Quizá sólo los más ancianos, a los que les tocó el infortunio de vivir los años de violencia brutal de la Revolución Mexicana, habían vivido algo similar a lo que hoy sufren muchos mexicanos en numerosas regiones del país. Pero ni la insatisfacción ni la desesperación ni la rabia garantizan lucidez en quien las siente.

   La exigencia de la cabeza de Genaro García Luna, para que el Presidente Felipe Calderón demuestre que está escuchando el reclamo ciudadano, se parece mucho al mecanismo de persecución medieval contra el chivo expiatorio, al que se elegía para servir de exutorio a la angustia o la irritación de la comunidad. No se dio, en la reunión con la que culminó la marcha por la paz, un solo argumento por el cual deba ser destituido el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal, pero la gente está ansiosa de encontrar una causa única del mal que urge desterrar. ¿No hay gobernadores, alcaldes, procuradores y jefes policiacos que por abulia o complicidad han contribuido de manera importante al boom de la criminalidad? Pero a los gobernadores y a los presidentes municipales, a los titulares de las procuradurías y de los cuerpos policiacos locales no los puede echar el Presidente. Destituir a un gobernador requiere de procedimientos tortuosos y dilatados cuyo desenlace nunca se conoce de antemano. A García Luna, en cambio, el Presidente lo puede remover en cualquier momento. Basta su sola decisión.

   No se incluyen entre las demandas planteadas en la Plaza de la Constitución la de transformar radicalmente a los ministerios públicos y a las policías del país a través de una formación rigurosa, una selección estricta y mecanismos de supervisión constante de su trabajo; de que todos los policías del país tengan un salario suficiente para atender las necesidades de sus familias sin tener que buscar ingresos adicionales y gocen de condiciones laborales atractivas;  de que la policía federal y las policías locales actúen de manera coordinada en todo el país. Todo eso requiere esfuerzos sostenidos para empezar a dar frutos en algunos años. No es seductor plantearlo en un mitin. Sí lo es, en cambio, responsabilizar de lo que está pasando a un solo funcionario federal que por cierto carece de la atribución legal de adoptar medidas para sanear y mejorar los cuerpos policiacos de las entidades federativas.

    Los factores que nos han llevado a la situación actual no interesan a la turbamulta que en el Zócalo vociferaba su indignación. Es verdad que el gobierno federal no ha sido capaz de abatir la criminalidad que nos agobia; pero es igualmente cierto que tampoco lo han logrado los gobiernos de las entidades azotadas por ese flagelo. Un mitin no constituye el momento propicio para ofrecer razonamientos o análisis juiciosos. Una masa sobreexcitada no quiere escuchar consideraciones razonables: quiere, respalda y aplaude las soluciones mágicas.

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