LOS MALOS TAMBIÉN TIENEN DERECHOS
Luis de la Barreda Solórzano
¿Para qué querría Jorge Hank Rohn 88 armas en su residencia? Si fuera traficante de armamento, seguramente el arsenal habría estado lejos y muy bien custodiado.
No se le detuvo en flagrancia pues ha quedado comprobado que no hubo persecución alguna previa a la detención. Los soldados irrumpieron abusivamente en su domicilio y lo capturaron ilegalmente en su habitación, en la que dormía, a altas horas de la noche.
Jorge Hank Rohn no tiene una imagen virtuosa: no es la madre Teresa de Calcuta. Lo suyo es hacer dinero. Sus negocios lo han hecho inmensamente rico. Se sospecha que su conducta no siempre se ha ceñido a la legalidad. Si eso fuera cierto habría que encontrar las pruebas que permitieran acciones legales en su contra. Sin esas pruebas no se le puede considerar delincuente. No es lo mismo tener mala reputación, o incluso ser mala persona, que ser un criminal. Nadie debe ser perseguido penalmente sólo por su fama pública o por rumores.
Si se juzgara a Hank Rohn en razón de la elegancia espiritual no sería fácil absolverlo. Pero con ese criterio no muchos saldrían bien librados: al cielo nos seguiremos yendo los de siempre. En el Estado de Derecho la persecución punitiva sólo se justifica con pruebas indicativas de que el perseguido es probable autor de un delito.
Eximido Hank Rohn de la acusación de acopio de armas, el Procurador de Baja California anunció que lo había arraigado, lo que era una acción arbitraria pues esa medida cautelar sólo puede decidirla la autoridad judicial, que la negó. El caso es un ejemplo inmejorable de los excesos abusivos a que se puede llegar con tal figura: un inculpado exonerado puede ser arraigado antes de ser puesto en libertad para ver si en el larguísimo lapso permitido por la ley (hasta 80 días) se encuentra algo que permita enderezarle una nueva acusación. Si se libra también de ésta, de nuevo podría arraigársele (siempre y cuando se cuente con un juez complaciente) y así ad infinitum. Kafkiano.
Como señaló la juez que dictó el auto de libertad, el parte de los soldados que lo detuvieron abunda en inconsistencias. Es escalofriantemente claro que ese documento no fue elaborado motu proprio por los captores. Como advirtieron en estas páginas Pablo Hiriart y Rubén Cortés, el informe de Poiré sobre el caso está plagado de falsías.
Lo honesto hubiera sido que la Procuraduría General de la República y la de Baja California reconocieran lo grotesco de su proceder y se disculparan no sólo con el inculpado sino ante toda la opinión pública. Culpar a la juez que cumplió con su deber es poco pudoroso. Y lo peor del episodio, como apuntó Julián Andrade también en este diario, fue que se haya puesto al ejército —una de las instituciones más respetadas porque existe confianza en su actuación— en semejante brete.
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Artículo publicado en el periódico La razón de México 17 de Junio de 2011.