TAMBORES Y GUILLOTINA

Luis de la Barreda Solórzano

Se ha anunciado que miles de mexicanos —entre ellos el general José Francisco Gallardo, Rocío Culebro, Edgar Cortés y Epigmenio Ibarra— presentarán denuncia ante la Corte Penal Internacional acusando lo mismo a capos del narcotráfico que al Presidente Felipe Calderón y sus secretarios del gabinete de seguridad de crímenes de lesa humanidad, entre los que señalan, sin hacer la distinción de cuáles son atribuibles a unos o a otros, desapariciones y desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, mutilación de enemigos, ataques a la población civil,  torturas y violaciones, así como secuestro, venta y esclavización de migrantes.

Por su parte, el legislador Ricardo Monreal, “ante la gravedad de los acontecimientos ocurridos explícitamente (¡ah!, los acontecimientos ocurren explícita, no implícitamente) en el presente sexenio”, ha propuesto la creación de una “Comisión de la Verdad con funciones ministeriales de acusación” ante los tribunales nacionales e instancias internacionales.

Los denunciantes ante la Corte Penal Internacional sostienen que el Presidente y sus colaboradores son culpables de crímenes de lesa humanidad. Aunque reconocen que los acusados podrían alegar no haberlos cometido ni ordenado, afirman que los encubrieron. En el caso de las agresiones a migrantes centroamericanos, van aún más lejos: aseveran que el Presidente sistemáticamente las ha ordenado. Los crímenes de lesa humanidad implican un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. ¿En verdad se podría sostener con honestidad que el gobierno federal ha atacado constante y obstinadamente a los habitantes del país o que ha encubierto los delitos de policías o soldados? ¿En verdad alguien cree que el Presidente ordenó las agresiones contra los migrantes?

El parlamentario Monreal propone que el informe de la Comisión de la Verdad se presente como la verdad oficial y sea respaldado “con total voluntad” “por todo el régimen del Estado”, es decir que se convierta en un dogma inatacable, una revelación divina cuyas fulminaciones obliguen a todos los poderes, lo que supondría abolir para el caso la independencia de los jueces, los cuales tendrían que convalidar sin análisis ni reservas las acusaciones.

Ya se escuchan los tambores batientes y se percibe la preparación de la guillotina. Pero es de esperarse que ni la Corte Penal Internacional ni el país caigan en el garlito. Hace muy poco tuvimos la perversa farsa de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Desde luego, los abusos de poder cometidos en la mal llamada guerra contra el crimen organizado no deben quedar impunes, pero lo que no puede atenderse son iniciativas sin sustento jurídico que no responden al afán de mejorar las cosas o acometer la compleja tarea de esclarecer los hechos. Sus impulsores más bien parecen movidos por la innoble obsesión sectaria de cortar cabezas de los adversarios políticos con base no en pruebas sino en condenas apriorísticas e ideologizadas. ¿Anhelo de venganza por el resultado de la elección presidencial de 2006?

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Artículo publicado en el periódico La razón de México 21 de octubre de 2011.