¡YA BASTA!
Luis de la Barreda Solórzano
Nadie puede razonablemente negar que al Presidente Felipe Calderón le asiste toda la razón al señalar que a quienes hay que condenar por la violencia en el país es a los criminales y no a su gobierno ni a las fuerzas de seguridad que los combaten. Su reproche es válido porque hay quienes ya desde ahora intentan preparar el terreno para un ajuste de cuentas punitivo una vez que termine el sexenio, lo que sería absurdo aunque no faltarían quienes aplaudieran esa nueva inquisición ni pequeños inquisidores (nunca falta un Carrillo Prieto) dispuestos —si se les ofrece una chamba con jugoso salario y otros privilegios— a hacerse cargo de la persecución de los crímenes del guerra del pasado… inmediato.
En lo que no creo que acierte el Presidente es en decir que el ¡ya basta! debe dirigirse a los delincuentes, quienes precisamente por serlo no son personas decentes con las que se pueda hablar con argumentos y razones e invocando principios éticos. ¿No sería demencial enviar una carta abierta a asesinos, secuestradores, extorsionadores y tratantes de personas diciéndoles: “Por favor, señores malhechores, dejen ya de cometer fechorías pues ya nos tienen hasta la madre”? No, la única manera en que se logra que dejen de delinquir es atrapándolos y llevándolos a juicio con pruebas suficientes para lograr que se les condene.
El ¡ya basta! que se grita al gobierno es injusto si supone culpabilizarlo de los delitos cometidos por los criminales o atribuirle en exclusiva el fracaso en la misión de brindar un grado aceptable de seguridad, como si los gobernadores y los alcaldes no tuvieran también esa tarea. Pero no es injusto si tiene como destinatarias a autoridades de los tres niveles de gobierno y se refiere a que no han sido capaces de frenar el aumento de la criminalidad que ha alcanzado niveles inimaginables hace apenas cuatro años, ni de formar policías y ministerios públicos altamente profesionales y confiables, ni de que desde las cárceles dejen de organizarse secuestros y extorsiones, ni de que cesen los plagios y los asesinatos masivos de migrantes, ni de que ciertas carreteras vuelvan a contar con la más elemental seguridad. ¿No es vergonzoso que, a pesar de que el Secretario de Seguridad Pública federal advirtió que los policías que ganan 4,000 pesos se ven obligados a complementar sus ingresos con actividades seguramente ilícitas, esos salarios no hayan aumentado suficientemente en todas las entidades no obstante los cuantiosos recursos que se asignan a la seguridad pública? ¿No es vergonzoso que, aun cuando todo el mundo sabe en qué rutas el crimen organizado ha estado robando vehículos y secuestrando pasajeros cotidianamente, tanto la policía federal como las policías locales se hayan esfumado de esos caminos?
El Presidente no puede con una varita mágica transformar virtuosamente a las policías, los ministerios públicos y las instituciones penitenciarias, pero sí podría impulsar esa transformación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuyos acuerdos obligan a todos los gobiernos del país. El tiempo se le acaba.
--------------