Al analizar a cada entidad de la República encontramos que los niveles de eficacia son muy diferentes entre unas y otras. Por ejemplo, Nayarit y Sonora presentan los más altos niveles de sentencia, mientras que los más bajos corresponden a los Estados de Guerrero y Puebla, éste último con un indicador de 0.4% de sentencia.

En el delito de homicidio, a nivel nacional, difícilmente se llega a poco más del 20% en eficacia, aunque sea el que presenta la más baja cifra negra.

Existen entidades que logran poner en prisión a casi un delincuente por cada dos averiguaciones previas iniciadas, mientras que otras se encuentran por debajo de 10 delincuentes por cada 100 averiguaciones previas iniciadas siempre por el delito de homicidio.

Por lo que toca a la eficiencia del sistema, sabemos que de 1997 a 2007 se han invertido alrededor de $450 mil millones de pesos en áreas de seguridad (esto incluye al Fondo de Aportaciones para la Seguridad —que son los recursos federales que van a los estados de la República—, los destinados a PGR, SEDENA, SEMAR, SSP, entre otras dependencias federales, así como el gasto estatal y municipal).

Sin embargo, utilizando únicamente el análisis de la estadística oficial (porque no se cuenta con información de encuestas victimológicas de todos los años analizados) refleja que la delincuencia sigue igual, ha tenido ligerísimos cambios pero siempre dentro de un rango que no permite advertir cambios significativos y sí suponer que el mayor gasto no se ha reflejado en una disminución de la delincuencia.

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