La policía tiene, entre sus funciones, las de prevenir y perseguir delitos, hacer cumplir las leyes y los reglamentos, salvaguardar el orden público y proteger los legítimos intereses —los bienes jurídicos— de los miembros de la comunidad.

En ocasiones el cumplimiento de esos deberes supone la necesidad del empleo de la fuerza por parte de los miembros de los cuerpos policíacos. En un Estado democrático, el uso de esa fuerza no puede ser arbitrario, abusivo ni irracional.

No existe en el derecho mexicano un precepto que expresa e inequívocamente señale las condiciones y los límites del empleo de la fuerza policial.

El uso de la fuerza se justifica cuando el agente actúa en ejercicio de sus funciones y ante la imposibilidad de hacer cumplir la ley por otras formas tales como el diálogo, la persuasión o la advertencia.

Por lo anterior, el ICESI elaboró una propuesta sobre el empleo de la fuerza legítima por parte de los agentes policíacos para quedar regulado en las legislaciones estatales y la federal. La propuesta se hizo llegar a todas las autoridades federales y estatales vinculadas con áreas de seguridad pública y procuración de justicia, de quienes dependen las policías preventivas y ministeriales respectivamente.

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