Artículos La inseguridad más allá de las estadísticas
La inseguridad más allá de las estadísticas
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Rosa María Rubalcava
El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) llevó a cabo el segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Inseguridad en las Entidades Federativas que capta información sobre percepciones y vivencias de la población, relacionadas con este tema, en especial de quienes fueron víctimas del delito durante el primer semestre del año pasado. Recientemente el ICESI entregó a los medios de comunicación una carpeta que resume los primeros resultados, con el fin de contribuir a que la sociedad tenga una visión que trascienda los actos delictivos individuales y conozca las circunstancias que caracterizan las experiencias que la misma sociedad manifestó en sus testimonios.
Las cifras estadísticas, si bien constituyen una base sólida para fundamentar explicaciones, no son suficientes. Es necesario identificar cuáles son las situaciones sociales que propician conductas delictivas y reconocer sus factores condicionantes pero, sobre todo, encaminar los esfuerzos a promover acciones efectivas para prevenir el delito y transformar radicalmente la procuración de justicia en nuestro país.
Los resultados difundidos motivan algunas reflexiones sobre el fenómeno de la inseguridad:
La incidencia delictiva es socialmente más grave de lo que indica la cifra de 3.7 millones de víctimas, referida a una población de 100 millones de habitantes (lámina 37)[1].
El alcance de los agravios es mucho mayor que 3.7% pues el delito no tiene como víctima solamente a la persona agraviada sino que alcanza a quienes viven con ella bajo el mismo techo, cuya indignación y miedo se extienden también a familiares, amigos y vecinos. Los hogares de las víctimas son dos millones, 9% de los casi 23 millones de hogares del país (lámina 36), por lo cual, desde este punto de vista, el indicador de inseguridad más que se duplica. Además, uno de cada cinco hogares con víctimas tuvieron la mala fortuna de sufrir esta afrenta en más de una ocasión, durante el semestre de referencia (lámina 14).
El mensaje del ICESI es incuestionable: la delincuencia desgarra a la sociedad, minando moral, física y económicamente a las familias, sus núcleos básicos.
2) Según las víctimas, los delincuentes son sobre todo hombres jóvenes y los delitos más frecuentes son los robos en la vía pública y en casa habitación (lámina 15).
En México los hombres de 10 a 25 años son, de acuerdo con el censo del año 2000, 16% de la población total, empero, entre los delincuentes esta proporción casi se triplica (41%) (lámina 17), lo que permite afirmar que quienes roban son un conjunto marcadamente masculino y joven.
La búsqueda de una explicación exige estudiar los posibles factores, tanto individuales como del entorno, que llevan a los jóvenes a robar. En lo económico, se sabe que en las últimas dos décadas no ha habido creación de empleos suficientes para los contingentes de población que llega a las edades activas, y tampoco hay indicios de que los jóvenes hayan permanecido más tiempo en el sistema educativo. Además, los pocos trabajos que se ofrecen son cada vez más precarios y más exigentes en cuanto a requisitos de ingreso. Estos rasgos, junto con un crecimiento desmedido de la informalidad laboral (hoy en día incluye cerca de 50% de la población económicamente activa), que por definición queda al margen de la ley (por lo menos de la de Hacienda), conforman circunstancias favorables para que los jóvenes opten por iniciar conductas que pueden llevarlos a una verdadera carrera delictiva.
Diversas formas de comercio callejero, además de constituirse en un mercado idóneo para objetos robados, rompen la continuidad de los espacios urbanos impidiendo la vigilancia y propiciando asaltos a transeúntes por las facilidades que ofrecen a los delincuentes para ocultarse y huir. Tanto los ladrones en la vía pública y de casas habitación, como los asaltantes de automovilistas y pasajeros del transporte público, tienen en el desorden urbano un verdadero escudo y una auténtica garantía de impunidad.
No sorprende que la anarquía propia de las actividades informales se manifieste también en los vehículos. La falta de un control vehicular riguroso ofrece innumerables oportunidades para la actividad delictiva. En el transporte público urbano se cometen gran cantidad de delitos y con frecuencia los propios conductores carecen de licencia y tampoco cuentan con la capacitación necesaria. Cuando se ven involucrados en un accidente, son los primeros en huir, y ante los robos y abusos que sufren sus pasajeros suelen actuar con tolerancia o disimulo; más aún, es frecuente la sospecha sobre su colusión con los delincuentes.
Los taxis llamados “piratas” son un medio muy socorrido para secuestros exprés, robos y violaciones. Igualmente inquietante es la gran cantidad de camionetas, de diversos tipos y tamaños, “modificadas” para carga que circulan sin placas o con placa de automóvil particular; sus “casetas” superpuestas permiten ocultar lo que se transporta y constituyen guaridas muy efectivas para cometer diversos ilícitos. Asimismo, basta con prestar atención a las numerosas motocicletas que circulan sin placa, para entender por qué son un medio ideal para asaltar a los automovilistas detenidos en nudos de tránsito o a peatones indefensos ante sus ataques sorpresivos.
Poco se ha dicho del efecto del avance tecnológico en las comunicaciones sobre la incidencia delictiva. Los teléfonos celulares, aparatos inalámbricos de intercomunicación y diversas opciones de transmisión por radio mediante bandas especiales, permiten una coordinación que garantiza un grado muy alto de eficacia a las organizaciones criminales.
En el dominio del cambio social, los hogares han tenido en los últimos años que recurrir al esfuerzo de todos sus miembros para tratar de obtener los ingresos que requieren para su diaria subsistencia; especialmente se incrementó de manera notable la participación económica de las mujeres y la emigración laboral a los Estados Unidos, y esto ha desarticulado paulatinamente las formas tradicionales de organización doméstica y las redes sociales de apoyo. Estas transformaciones han dejado a muchos niños la mayor parte del tiempo en las calles, expuestos a múltiples formas de violencia, presiones y peligros que conforman un entorno propicio para que quienes buscan inducirlos a la delincuencia logren su objetivo.
Sin embargo, hay que hacer notar que el conocimiento disponible no permite afirmar que los jóvenes que delinquen sean los más pobres, los menos educados o los que no tienen trabajo. Tampoco se han identificado las situaciones familiares o comunitarias que generan en los niños y jóvenes propensión a la violencia o las conductas delictivas.
3) Aproximadamente la mitad de los delitos se cometen con violencia, y la mayor parte de las veces la víctima fue amenazada con pistola (lámina 18).
El escrutinio ciudadano debe dirigirse a conocer cómo se adquieren las armas de fuego y las balas. Dónde se venden, quién las vende, quiénes las fabrican o las importan, cuánto cuestan, qué autoridad autoriza su venta, qué registro se tiene de sus poseedores. ¿Hay un padrón de las armas en poder de miembros de la policía, el ejército y otros cuerpos de seguridad?, ¿Se sabe a cuántos de ellos los han despojado de sus armas?, ¿Qué revisiones hay para localizar armas en los lugares en que se consiguen?, ¿Hay detectores en lugares públicos? Llama la atención que en esta encuesta a hogares se hayan encontrado delitos que, se pensaría, son muy poco probables, como aquellos en que el delincuente se valió de un rifle o una ametralladora para someter a su víctima.
Por qué, a pesar de que las víctimas hayan sido amenazadas o heridas con pistola o revólver, los delitos no se denuncian ante el Ministerio Público. La pregunta merece incluir, en un futuro, preguntas para profundizar la entrevista en estos casos.
4) El delito es una acción colectiva. Solamente en uno de cada cuatro actos delictivos la víctima fue atacada por un delincuente aparentemente solitario (lámina 21).
Este dato revela que es indudable que hay cooperación para el delito. Si recordamos que una parte significativa de los delincuentes son hombres jóvenes, la conducta delictiva es particularmente destructiva porque genera ataduras de complicidad que es muy difícil romper y permite anticipar que, desde el primer delito, los jóvenes quedan atrapados en una red con múltiples recursos para intimidar a sus miembros y obligarlos a cometer actos que, por el dinamismo propio del comportamiento colectivo, tenderán a ser cada vez mejor planeados, más frecuentes y más violentos.
Esta solidaridad forzada se extiende a las familias que, por temor a la venganza que pudiera dañar a sus jóvenes, mantienen silencio sobre cualquier evidencia de su conducta delictiva. El mismo hermetismo convierte los espacios de residencia de los jóvenes en zonas que se ocultan al exterior y obstaculizan deliberadamente la acción de los cuerpos de seguridad pública.
5) Nueve de cada diez víctimas del delito sufren pérdidas materiales a causa del delito (lámina 26), no obstante, cuatro de ellas responden que el hecho no les causó ningún daño físico, emocional, psicológico o laboral (lámina 27) ¿Puede ser cierto?
El desvalimiento de la víctima en el momento del delito desencadena en su interior tal confusión y angustia que, si el acto no resulta en lesiones graves o secuestro, no toma conciencia del daño sufrido, ni de sus posibles secuelas. Una sensación permanente de inseguridad está acompañada de cambios en la vida cotidiana que llevan a las víctimas a una ruptura gradual de sus relaciones sociales. Por evitar las calles y el transporte público dejan de visitar parientes o amigos que viven lejos, y procuran no salir de noche o muy temprano (lámina 34).
Llama la atención que a la vez que las percepciones individuales sobre la inseguridad son similares en las dos primeras encuestas, en la segunda se advierte aumento en el número de actividades o costumbres que la gente cambia en su vida diaria, ante el temor a ser víctimas de la delincuencia (lámina 34).
6) Si los delitos producen en la sociedad, y especialmente en sus víctimas, tanto daño e indignación ¿por qué 82 de cada 100 no se denuncian ante el Ministerio Público? (lámina 24).
Quizás no se sabe que ésta es la única forma que hace posible la acción legal. Tal vez la gente tampoco conoce dónde están las agencias que, por lo demás, seguramente son insuficientes para una población de cien millones que viven en más de doscientos mil núcleos habitados, de los que sólo 114 (los mayores de 100 mil habitantes) concentran 46 millones de personas, mientras que la gran mayoría son pequeñas localidades, muchas de ellas aisladas (hay en el país 133 mil localidades con menos de 50 habitantes cada una).
¿Por qué las víctimas declaran que acudir al MP significa “pérdida de tiempo”? Ciertamente, no se debe sólo a las horas de espera. El maltrato, la arbitrariedad, el trato cruel y degradante que caracterizan a buena parte del personal de estas oficinas, aunado a la ignorancia de los ofendidos sobre sus derechos (a denunciar, a ser atendido, a recibir copia del acta, etc.) y obligaciones (cómo actuar, qué pruebas aportar, ...), configuran situaciones en que las víctimas resultan doblemente victimizadas, o inclusive se les transforma en culpables.
Sin duda la negligencia administrativa, en muchos casos intencional, influye en el tiempo que las víctimas deben destinar a tratar de formalizar sus denuncias. Quien trata de denunciar un ilícito se enfrenta a una burocracia insensible, y a veces ignorante que, tras larga espera, deriva al quejoso a otra agencia, o bien lo induce a no formalizar la denuncia. Haber experimentado alguna vez estas ofensas lleva a resumirlas en la respuesta “pérdida de tiempo” que reportan todas las encuestas sobre el tema.
Los pobres, que son la mayoría de la población de México (54%), son también la mayoría de las víctimas. Si al tratar de denunciar un delito se enfrentan a la corrupción además de la discriminación, es explicable que la segunda razón para no denunciar sea “desconfianza en la autoridad”.
¿Cómo reducir la incidencia delictiva?
La ciudadanía está llamada a jugar un papel decisivo en este empeño. No puede permitir que la responsabilidad de los actos delictivos se traslade a las víctimas, porque tutelar la seguridad ciudadana corresponde a los tres poderes de la Unión y a las tres esferas de gobierno: federal, estatal y municipal.
Varios intelectuales y especialistas en la cuestión delictiva ofrecen regularmente en periódicos, revistas y mesas de debate en radio y televisión, elementos que aluden al posible origen de este mal social. Reiteradamente se mencionan el estancamiento económico y diversas transformaciones sociales y culturales que ha ocasionado la globalización.
Cualquier posible acción para modificar la inseguridad, exige reconocer que la situación actual es el resultado de un proceso gradual generado por la interacción de diversos factores que es necesario identificar.
Al inicio de la década de los ochenta, llamada por la CEPAL la década perdida, eran pocas las voces que ponían el énfasis en la desigualdad de la distribución del ingreso más que en la “crisis económica”, para explicar el creciente malestar social. Veinte años después es ya casi un lugar común relacionar la desigualdad social con la incidencia delictiva; empero, pocos analistas ofrecen indicios para explicarla a partir de los mecanismos que pudieran sustentar dicho vínculo.
Joseph Stiglitz, Premio Nóbel de economía en 2001 y ex-vicepresidente del Banco Mundial (entrevista radiofónica de José Gutiérrez Vivó, transcrita en la revista Este País, número 143, febrero de 2003), afirma enfáticamente que “para lograr la estabilidad económica es necesario tener mucho cuidado con las diferencias muy grandes entre los ingresos de las personas o de las regiones” y agrega que hoy se reconoce que la educación y la reforma en el campo son, entre otros factores, “temas importantísimos para el desarrollo y para terminar con la disparidad económica”. Este autor subraya, además, que la solución no puede estar en “una terapia económica de shock” sino en un cambio gradual, puesto que las sociedades no se transforman con tanta rapidez.
Al referirse al caso particular de México, Stiglitz menciona que el país debería tener una política para desarrollar el sur empobrecido, poner atención en el crecimiento y el empleo (especialmente para los jóvenes), así como diseñar una política social especial para reducir la brecha entre los ingresos. Termina diciendo que hay que convertir a la democracia en equidad social.
Esta última afirmación puede enlazarse con “Una oración ciudadana”, texto reciente (publicado en el diario Reforma, 13 de febrero de 2003, página 20A), de Carlos Fuentes quien dice “Democracia significa, desde luego crecimiento económico y justicia distributiva” y, puntualiza, “Significa reforzar las medidas de seguridad personal y colectiva. Considero un verdadero drama para México que la pérdida de la seguridad coincida con el avance de la democracia. Y me pregunto, ¿es ajena la inseguridad a la desigualdad?, ¿Es ajena a la pérdida de expectativas?, ¿Se ha convertido la delincuencia en el único camino de ascenso social en México?”.
El escritor también interroga “¿Podemos sostener -¿por cuánto tiempo?- la democracia sin seguridad y con pobreza?” y aboga por “un proyecto nacional de más crecimiento con más igualdad dentro de un marco jurídico, a su vez, confiable”.
Para actuar es necesario profundizar en los hallazgos obtenidos mediante las encuestas y poner de manifiesto la complejidad del problema. Una tarea impostergable es tomar las explicaciones que se han convertido en lugar común y precisar bajo que condiciones son ciertas.
Las reflexiones presentadas destacan tres transformaciones de nuestro entorno social que han conformado situaciones propicias para el aumento de la inseguridad. La primera pertenece a la esfera sociocultural. Más de veinticinco años de crisis económica han llevado a transformaciones en la organización doméstica que junto con las inducidas por la propia modernidad (mayor escolaridad, mejores medios de transporte y comunicación, entre otras), e inseparables de ellas, obligan a reconocer que el modelo convencional de familia ha desaparecido y cedido su lugar a multiplicidad de familias con circunstancias, necesidades y recursos particulares que sufren por causa de la delincuencia; unas como víctimas directas por los diversos daños que les ocasiona, otras por el profundo pesar de ver a sus seres cercanos, en especial los más jóvenes, atrapados en la vorágine de
La segunda transformación en la sociedad pertenece primordialmente al orden económico. El mercado informal de trabajo ha desbordado a las autoridades de las ciudades introduciendo desorden en sus calles y plazas, propiciando con ello múltiples formas para promover y enmascarar conductas ilícitas.
En tercer lugar, cambios que es posible denominar político-administrativos, relativos a las deficiencias en vigilancia y controles básicos, tanto en el uso de los espacios públicos, tenencia de vehículos y trafico de armas, como en la prevención y procuración de justicia. Mientras no se actúe para corregirlos, continuarán sirviendo para encubrir actividades delictivas e incrementar la impunidad.
Las tres esferas citadas (sociocultural, económica y político-administrativa) conforman, en sus diversas modalidades de interacción, situaciones que generan propensiones a la inseguridad en algunos espacios y grupos de población, las cuales se manifiestan como tendencias a la victimización y pueden medirse.
Lo más importante es enfatizar que, desde esta perspectiva, mientras las situaciones que generan las propensiones al delito no cambien, tampoco lo harán las tendencias observadas. Si sólo se actúa sobre los efectos de la inseguridad, sin dirigirse a las causas que la originan, el problema no podrá resolverse.
Publicado en la revista Este País, Tendencias y Opiniones, de Junio 2003.
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[1] Consulte: www.icesi.org.mx (encuestas; segundo levantamiento).
