¿Para qué sirven las encuestas victimológicas?
Cecilia Sayeg Seade
En muchos países del mundo, sobretodo en los desarrollados, los estudiosos de la criminalidad y de la violencia social han considerado que las encuestas victimológicas son un instrumento complementario de suma importancia para elaborar diagnósticos precisos sobre la delincuencia: sus causas, sus efectos, la relación de las víctimas con los delitos y con los delincuentes, así como los perfiles de éstos y de las víctimas más frecuentes.
El principal propósito de este tipo de estudios es obtener de informantes victimizados una radiografía de lo que sucede, es decir, un acercamiento al número y tipo de delitos cometidos en un período específico, así como recabar información detallada de determinados tipos de incidentes (como el robo en sus diversas modalidades), actitudes en torno a la delincuencia y a su percepción respecto de las propias instituciones encargadas de prevenir y procurar justicia.
Asimismo, los estudios victimológicos permiten estimar lo que se conoce como cifra negra, que no es más que el número de delitos cometidos pero no denunciados por la sociedad y, por tanto, no registrados en los datos oficiales. Este punto es quizás el más importante que arrojan las encuestas de victimización, ya que sin duda conocer el tamaño real de la delincuencia es tarea indispensable en su combate. Realizar diagnósticos con información sesgada llevará, en el mejor de los casos, a combatir el problema también de manera parcial.
En Estados Unidos de América desde la década de los 70 se creó la National Crime Survey (que en 1994 cambió a National Crime Victimization Survey), con el propósito de desarrollar información nueva de la incidencia delictiva y su impacto en la sociedad estadounidense; para ello, se buscó contar con información directamente de las víctimas y conocer los delitos no reportados a la policía. Actualmente en Estados Unidos la encuesta nacional se levanta cada 6 meses con 60 mil cuestionarios. La entrevista se realiza en cada hogar seleccionado cada 6 meses, sin embargo los datos de la encuesta son anuales.
En México es hasta mediados de la década de los 90 en que la delincuencia comenzó crecer de una manera importante[1], que diversos organismos se dieron a la tarea a realizar encuestas relacionadas más a la parte de percepción del fenómeno delincuencial; pocas de ellas se acercaron al aspecto victimológico y aquellas que lo intentaron reflejaban aproximaciones limitadas a alguna zona conflictiva o región, o bien se referían a sectores específicos de la población, con resultados parciales. Todo ello representó esfuerzos aislados de instituciones académicas interesadas por el tema, pero que no alcanzaron a tener una dimensión más amplia.
Por otra parte, se encuentra la información que recaba y difunde el gobierno federal, la cual es insuficiente para conocer las cifras reales, ya que únicamente se integra la información correspondiente al número de denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Público que remiten las procuradurías estatales y la PGR y no se reporta la información relacionada con averiguaciones previas, órdenes de aprehensión, ni datos de procesados y sentenciados.
En la mayoría de los países los estudios de victimización están subsidiados por dependencias gubernamentales; sin embargo, en México, existe un profundo escepticismo hacia la información que difunde y publica el propio gobierno, lo cual hace necesario que sea una institución no gubernamental y preferentemente académica la que se encargue de realizar dichos estudios, a efecto de contar con una mayor veracidad y confiabilidad en los datos que se arrojan.
Hoy, afortunadamente ya no se parte de cero. Existen experiencias importantes en otros países, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, por no mencionar a la propia ONU, que son referencia para la elaboración de las encuestas, tanto en su aspecto metodológico, como en sus alcances.
A partir de que los sondeos de opinión se pusieron en boga en el mundo, el desarrollo y auge de las agencias de opinión de mercados, como se les conoce comúnmente, ha sido determinante en México; sin embargo, son empresas que se encargan de levantar datos sobre opiniones o percepciones de la sociedad respecto a diversos temas y carecen de la experiencia necesaria para poder realizar estudios victimológicos.
Por otra parte, cabe señalar que, contrario a lo que todos pudiéramos pensar o esperar, la delincuencia es un fenómeno relativamente raro en nuestra sociedad. La frecuencia con la que se presenta es de una incidencia baja; es decir, aproximadamente el 14% de la población ha sido victimizada. Por dar un dato general recabado de la primera encuesta nacional sobre inseguridad (ENSI-1) elaborada por el ICESI, durante 2001 se cometieron 4,412 delitos por cada 100 mil habitantes, lo cual ni siquiera alcanza al 20% de la población.
Por ello, las encuestas y estudios sobre empleo o salud, entre otros, como los que realiza el INEGI pueden contar con muestras pequeñas ya que con ello basta para poder hacer estimaciones generales y suficientes de lo que está sucediendo en el país.
En cambio, como los estudios victimológicos buscan medir eventos y experiencias que afortunadamente siguen siendo poco frecuentes para la mayoría de los miembros de nuestra sociedad, el número de entrevistas debe ser amplio, en orden de asegurar un número suficiente de casos que permitan realizar estimaciones y análisis confiables de los resultados que se obtengan.
Delitos con una baja incidencia, aunque de un alto impacto por lo que representan para la sociedad, tales como el homicidio, el secuestro o la violación, aparecen tan poco frecuentes, que es muy difícil elaborar estimadores confiables.
Sin embargo, delitos como el robo en sus diversas modalidades representa más del 90% de los delitos que se cometen, por lo que su análisis cualitativo y cuantitativo es mucho más preciso y sencillo de realizar.
Así pues, en entidades con una menor incidencia delictiva se incrementa sensiblemente el margen de error. Con los datos que se tienen a la fecha de las dos encuestas nacionales sobre inseguridad (ENSI-1 y ENSI-2), las inferencias de este fenómeno suponen un margen de error aceptable a nivel regional y nacional.
Por último, la periodicidad con que deben levantarse este tipo de encuestas responde a algunos los siguientes aspectos:
La variación de la victimización y la percepción de inseguridad no refleja cambios considerables en periodos reducidos; a menos que se diera un hecho coyuntural de violencia específica que pudiera movilizar sobretodo la percepción.
El periodo mínimo para llevar a cabo encuestas que busquen medir la victimización es de 1 al año (como se hace en EUA). El Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) realiza estudios criminológicos (estudios regionales de victimización) en diversos países del mundo, con períodos de referencia que abarcan 5 años, es decir el cuestionario está formulado de manera que cada pregunta hace referencia a los últimos 5 años a partir de la fecha del levantamiento, con el propósito de que el entrevistado recuerde los eventos delictivos sufridos en cada uno de esos años, para “evitar” el efecto de telescopeo. Las muestras que utiliza son de únicamente 1,000 cuestionarios por país.
El costo de este tipo de estudios es muy alto, por lo que no existe la capacidad económica en el país que pueda soportar más de un levantamiento al año.
En síntesis, para poder implementar políticas criminológicas estructuradas y acordes a cada situación específica, es necesario contar con un diagnóstico confiable que únicamente pueden brindar las encuestas de victimización. Ello permite conocer la situación real del crimen y determina las demandas y necesidades ciudadanas hacia las autoridades encargadas de prevenir y procurar justicia. Asimismo, las encuestas proporcionan también evidencias específicas que facilitan la resolución de problemas por tipos de delitos y circunstancias particulares.
Existe aún un gran debate teórico a nivel mundial acerca de cuál es la mejor metodología que debe utilizarse en las encuestas de victimización –lo que será objeto de estudio para otro artículo-; sin embargo la experiencia a nivel internacional ha demostrado que son, sin duda, una fuente de información utilizada como un importante indicador social y para la elaboración de teorías y políticas criminológicas.
Marzo de 2003
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[1] Con base en la información relativa a presuntos delincuentes que difunde el INEGI, de 1991 a 1999 la delincuencia creció en 20.9%, ya que en 1991 se registraron 128,292 presuntos delincuentes ante los juzgados del fuero común, mientras que en 1999 se registraron 155,120 presuntos delincuentes del mismo orden. Entre 1995 y 2001 se denunciaron 9’167,550 delitos, que representan en promedio poco más de 1’392,000 denuncias ante agencias del Ministerio Público por año, alcanzando su nivel más alto en 1997 con casi 1 millón y medio de denuncias.






