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Impunidad en México
Cecilia Sayeg Seade
Directora de Operación del ICESI.
Si se pretende analizar el problema de la inseguridad prevaleciente de manera integral, es necesario analizar el índice de impunidad, por ser uno de los problemas que más agravia a la sociedad.
En general en todo el país, pero particularmente en el caso de la Ciudad de México, la impunidad es uno de los problemas más graves ya que las estadísticas nos muestran que, tan solo de los delitos denunciados, en el mejor de los casos se castiga un 2 o 3 por ciento.
Según algunos datos[1], en las últimas dos décadas, de 1980 a 2000, en el Distrito Federal se consignaron alrededor de 75 personas por cada 3,000 delitos denunciados, es decir que menos del 3% de los presuntos responsables fueron consignados (faltaría saber cuantos de éstos fueron sentenciados) mientras que el 97% de los presuntos delincuentes siguió en libertad.
Las cifras oficiales arrojan que durante 1996 en el Distrito Federal se denunciaron poco más de 217 mil delitos[2] y se ejecutaron tan solo 4,826 órdenes de aprehensión, es decir únicamente el 2.2% de esos delincuentes purgaron alguna condena en la cárcel.
Para el año 2000[3] se denunciaron poco más de 176 mil delitos en el Distrito Federal, de los cuales únicamente se consignaron 35,861[4]. Sin embargo, resulta prácticamente imposible conseguir información que nos permita conocer las órdenes de aprehensión giradas y ejecutadas durante 2000, aunque podemos suponer, casi con total seguridad, que la mayor parte de los delincuentes salió en libertad por no haberse integrado la averiguación correctamente.
A pesar de la falta de información, podemos observar que los niveles de impunidad que denotan las cifras son sencillamente inconcebibles: las consignaciones de averiguaciones previas se ubican alrededor del 10% sobre el total de los delitos denunciados; sobre esa misma cifra las órdenes de aprehensión son cerca del 5%, y finalmente las órdenes de aprehensión ejecutadas se ubican en aproximadamente el 2%. Si estos datos resultan alarmantes en sí mismos, lo son aún más referidos a la cifra negra. Veamos.
La primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-1) [5] en las entidades federativas llevada a cabo por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), que tuvo como período de referencia todo el año 2001, reveló que en el Distrito Federal al menos un miembro del 39% de los hogares fue víctima de algún delito, aunque ello no se refleja ni pálidamente en las cifras oficiales ya que el 76% de delitos no fueron denunciados, entre otras razones porque las víctimas desconfían de las autoridades encargadas de perseguirlos, consideran que los trámites son largos y difíciles, o creen que denunciar es perder el tiempo.
En este sentido, si únicamente se consigna aproximadamente al 2% de los delincuentes del total de delitos denunciados, podemos estimar a partir del total de delitos cometidos –denunciados y no denunciados- que arrojó la ENSI-1, que durante 2001 apenas se consignó al 0.6%, partiendo de la base de que se cometieron más de un millón y medio de delitos.
Para darnos una idea de la diferencia que existe con otros países, basta señalar que en 1996, se cometieron en Japón 1,218 homicidios, de los cuales fueron resueltos 1,197, es decir el 98.3%, y se identificaron a 1,242 responsables por la comisión de los mismos ¡1,197 homicidios resueltos! exactamente la situación inversa que en el Distrito Federal. En el caso de Francia el porcentaje de esclarecimiento de homicidios se sitúa alrededor del 80%[6].
Otro dato simple, pero a la vez interesante para medir la impunidad que existe en nuestro país es el análisis del número de internos en los centros de readaptación social, comparado por ejemplo con los Estados Unidos en donde hay más de 1 millón 200 mil internos, en México el número de reclusos para el año 2001 era apenas superior a los 166 mil.
En la mayoría de los países las estadísticas muestran los casos resueltos, es decir por la identificación y la condena del delincuente, en México estas estadísticas no existen[7] y cuando circunstancialmente se analiza un período determinado los resultados arrojan niveles de impunidad que para quienes no viven la realidad de nuestro país, resultan inconcebibles.
El agravio que la impunidad genera en la sociedad incrementa el sentimiento de inseguridad, deteriora el nivel de vida de la ciudadanía y genera desconfianza en las corporaciones encargadas de prevenir y procurar justicia, ya que, sin lugar a dudas, los índices de impunidad apuntan a una colusión de éstos con el hampa. Pero aún más grave, provoca un sentimiento de desánimo y de desaliento para participar en programas comunitarios que nos permitan ir ganando espacios a la delincuencia, inclusive para aquella que es una obligación básica: denunciar los delitos de los cuales somos víctimas.
Octubre 2004
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[1] Datos de Hector Teutli, Citado por Rene González de la Vega en “Políticas Públicas en Materia de Criminalidad”.
[2] De esas denuncias se iniciaron tan solo 22,262 averiguaciones previas, se consignaron 22,224 delincuentes y se giraron 10,179 órdenes de aprehensión en 1996.
[3] http://www.pgjdf.gob.mx/estadisticas/totaldelitos.html.
[4] Tanto la PGJ-DF como en el anuario estadístico del INEGI se maneja el dato de 182,455 averiguaciones previas iniciadas y 35,861 consignadas para el 2000.
[5] El levantamiento de la ENSI-1 diseñada y coordinada por el ICESI, fue realizado por las empresas Berumen y Asociados, BIMSA-Ipsos, Consulta Mitofsky y GAUSSC aplicando técnicas de diseño mundialmente aceptadas y con una muestra de 35,001 cuestionarios, más de 1,000 para cada entidad federativa. Para el caso particular del DF se realizaron 1,090 entrevistas cara a cara en viviendas a hombres y mujeres.
[6] El Universal, jueves 6 de febrero del 2003, Sección “C”.
[7] Lamentablemente la estadística con que contamos, a pesar del importante esfuerzo que ha realizado el INEGI e inclusive, por lo que respecta a la seguridad pública, el Sistema Nacional de Seguridad Pública desde 1998, es muy deficiente para poder hacer estimaciones y conocer el tamaño de la delincuencia. Por experiencia sabemos que las Procuradurías locales proporcionan información incompleta, sesgada y muy frecuentemente maquillada, que no existe un catálogo de delitos completo que permita a su vez clasificar la información de manera homogénea entre cada entidad y más grave aún es la existencia de delitos que ni siquiera están catalogados como tales (el secuestro exprés por ejemplo en algunas entidades es considerado dentro de los robos). Por su parte, la información que generan los poderes judiciales locales no está a disposición del público en general para conocer el número de órdenes de aprehensión, ni de sentencias ejecutadas. De aquí la importancia de la información que resulta de las encuestas victimológicas como las que realiza el ICESI.
