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Desamparo
Luis de la Barreda Solórzano
Los denominados servidores públicos de todo el país, de todos los niveles, saben que a partir de ahora el desacato tiene permiso: ya pueden desobedecer sin preocupación los fallos dictados por los jueces en los juicios de amparo.
El nuevo parecer de la Procuraduría General de la República determina, una vez reexaminado el expediente de la averiguación previa abierta contra Andrés Manuel López Obrador, que el funcionario que desatiende el auto de suspensión de un juez comete delito pero no debe consignársele porque no hay punibilidad aplicable a su conducta omisiva.
¿Por qué no se dejó que el juez de la causa decidiera al respecto? La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un criterio distinto al del órgano acusador federal. Trataré de explicarlo. El artículo 206 de la Ley de Amparo dispone que “la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad”. El texto es bastante claro. El servidor público que desobedece el auto de suspensión comete delito. La sanción a que se hace acreedor es la misma que para el abuso de autoridad contempla el Código Penal Federal, cuyo artículo 215 enumera las hipótesis delictivas y al final señala las dos punibilidades aplicables. La Suprema Corte sostiene, entonces, que no se trata de una figura delictiva para la que no exista sanción sino que debe precisarse cuál de las dos indicadas en dicho artículo 215 es la correspondiente, y resuelve que, en atención al principio in dubio pro reo (en caso de duda hay que inclinarse por lo que más favorezca al inculpado), debe aplicarse la más benigna, que es de uno a ocho años de prisión, de 50 a 300 días multa, destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro cargo público.
Pues bien, la Procuraduría General de la República acordó —al disponer que no existe sanción alguna en la legislación para la desobediencia al auto de suspensión— no seguir la pauta marcada por nuestro máximo tribunal, cuyos criterios obligan a todos los jueces y tribunales. Y como en México el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal —es decir, nadie más puede ejercerla—, eso significa que, salvo que prosperara una previsible impugnación, por lo menos durante esta administración el desacato a las resoluciones de los jueces en los juicios de amparo ya no será perseguido penalmente, o sea, tendrá patente de impunidad.
Por otra parte, la postura de la Procuraduría General de la República desconoce que la Cámara de Diputados, por abrumadora mayoría, declaró que resultaba procedente el ejercicio de la acción penal contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Esa decisión estuvo precedida por 11 meses de análisis en la Sección Instructora, un dictamen de 433 folios, nueve horas de debate en el pleno, y una votación de 487 diputados a favor de la declaración de procedencia de la acción penal, 127 en contra y dos abstenciones.
¿Se da cuenta el Gobierno de la República de lo que entraña la determinación de su Procuraduría? Es una resolución que rompe el equilibrio de poderes: ignora, por una parte, la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte, y, por otra, la declaración de procedencia de los diputados federales. Asimismo, debilita a la institución jurídica del amparo, que ha sido crucial en la lucha contra los abusos de poder: en adelante, cualquier servidor público podrá pasar por encima de una resolución judicial que otorgue al gobernado la protección de la justicia federal a sabiendas de que puede hacerlo sin que suceda nada, esto es, impunemente.
Se ha dicho hasta el cansancio, en el discurso oficial y en las consideraciones de analistas de los asuntos públicos, que debemos aspirar a convertirnos en un país de leyes. En este momento eso suena a sarcasmo. Por cierto, muchos de los columnistas que han expresado esa aspiración estuvieron entre los abajofirmantes que propugnaron una solución como la que hoy se nos asesta. “No le pidas a la realidad que te cumpla lo que te ofreció el sueño”, ironizó hace años Mariana Frenk.
El espléndido caricaturista Paco Calderón expresa las implicaciones del capítulo que ahora se cierra en un cartón de antología, intitulado “Todo listo”, que dice más que mil palabras (Reforma, 5 de mayo): un rollo de papel sanitario que lleva impresa la palabra ley espera su destino entre dos retretes, uno con el escudo nacional y la banda presidencial, otro con el listón distintivo del movimiento contra el desafuero.
Publicado en el periódico La Crónica de Hoy, el 6 de mayo de 2005
