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Baja California
Rafael Ruiz Harrell
Desde que se tienen datos más o menos confiables, o sea a partir de 1990, el Estado de Baja California ha ocupado siempre el primer lugar en incidencia delictiva. Las tasas por cien mil habitantes de los delitos registrados por la Procuraduría del Estado a lo largo del período, han sido siempre cuando menos dos veces y media más altas que la media nacional. En promedio de 1990 a 2005, Baja California ha tenido 3.1 más delitos por persona que el resto del país.
La misma circunstancia, aunque menos pronunciada, se presenta al considerar las tasas de delitos cometidos, fueran denunciados o no. Del 2000 al 2004, Baja California ocupó año con año el primer lugar en la República, superando en promedio 2.0 veces a la media nacional. En términos de las zonas urbanas, dos de las tres más peligrosas se encuentran en ese Estado. Tijuana tuvo 22 mil 827 crímenes por cada cien mil habitantes en 2004 y Mexicali, que la sigue muy de cerca, llegó a 22 mil 577. La única ciudad que las supera es la capital del narco, Culiacán, Sinaloa, con 25 mil 655. La zona metropolitana del valle de México, con 17 mil 825 delitos por cada cien mil personas, ocupa el quinto lugar: el cuarto le corresponde a Guadalajara (21,227). Los datos nacen de la tercera encuesta nacional que llevó al cabo el ICESI.
Delitos
En relación a los delitos en particular, Baja California padece 147 homicidios dolosos por cada 100 que se cometen en el país. Del 2000 al 2005 los asesinatos aumentaron en el Estado 2.0 por ciento. En el resto de la República bajaron 22.2 por ciento. A escala nacional, la entidad ocupa el octavo lugar.
Las lesiones dolosas, de mala fe, están en una situación muy semejante. Hay 177 lesionados en Baja California por cada 100 que hay en el resto de la República. Con 301.7 lesionados por cada cien mil personas en promedio de 2000 al 2005, Baja California ocupó el segundo lugar nacional. Sólo lo superó Tabasco con 401.4.
Con 155 violaciones por cada 100 en la República, Baja California se encuentra en el tercer lugar nacional. La superan Quintana Roo y Tlaxcala. En robos, en cambio, la entidad que hemos venido considerando ocupa y ha ocupado desde 1990 el primer lugar absoluto. En el período 2000-2005 por cada 100 robos por persona que hubo en el país, en Baja California hubo 360. Baste recordar que la media del período llegó a mil 792.2 en BC; subió hasta mil 81.6 en el DF -el segundo lugar-, y alcanzó una media en el República de 498.1, por supuesto en todos los casos por cien mil habitantes.
Acciones
La extraordinaria peligrosidad de Baja California no puede atribuirse meramente al descuido de las autoridades. No son particularmente capaces para descubrir y aprehender a los posibles responsables: en el 2004 por cada cien delitos conocidos aprehendieron a 10 posibles responsables. En la República, aun siendo muy bajo, se detuvo a 13.
En cuanto a los presuntos que lograron llevar a sentencia, el desempeño de las autoridades bajacalifornianas es 25.6 por ciento superior a la media nacional. Quizá por ello no han insistido en la tontería de subir las penas a extremos irracionales: las de Baja California son 46.7 por ciento inferiores a la media nacional. No obstante, en las cárceles de la entidad hay 305 reos por cada cien mil personas. En la República sólo tenemos a 137 en tales circunstancias.
Sea como fuere, no es fácil precisar a qué se debe que Baja California tenga una incidencia delictiva tan desmedida. A primera vista puede pensarse que el resultado se debe a la acción combinada de un gran número de variables, desde el hecho de que tenga por frontera al municipio más rico del Estado más rico de EU, hasta las limitaciones que llevan a varios cientos de miles de trabajadores a reunirse en BC para tratar de cruzar la frontera de una u otra manera. Sólo que así como la causa central puede ser de naturaleza laboral, es posible también que el motivo se encuentre en un proceso de aculturación incompleto -por demás común a nuestra frontera norte-, en el cual ya no funciona la estructura tradicional y no llega aún a constituirse cabalmente una nueva.
El dilema no podrá resolverse sin una investigación a fondo de los factores que están relacionados en Baja California con la conducta criminal. Precisarlos es imprescindible no sólo para establecer una política criminológica que permita controlar el problema en Baja California, sino para evitar que se extienda al resto del país.
Publicado en el diario Reforma, el lunes 13 de febrero de 2006.
