Artículos Despenalización de drogas
Despenalización de drogas
Rafael Ruiz Harrell
La frontera entre el farmacodependiente y el traficante de drogas de uso ilícito en pequeña escala -el narcomenudista-, siempre ha sido extremadamente borrosa. Entenderla, y lo que es más importante todavía: llegar a respetarla, ha formado parte de lo que suele dejarse a la discreción de quien practica el arresto. Si un policía encuentra en la posesión de un joven un par de carrujos de marihuana ¿lo consigna por dedicarse al narcomenudeo o aceptando que es una cantidad propia para su consumo personal lo orienta hacia un centro en el que se traten adicciones?
En nuestro medio la pregunta es retórica: si además de los carrujos trae dinero suficiente para pagar la mordida, el joven quedará en libertad. Si no, terminará consignado como narcotraficante. De las 37 mil 064 personas detenidas por las autoridades federales entre enero y noviembre del año pasado por delitos contra la salud, poco menos de tres cuartas partes, 27 mil 428 fueron arrestadas por posesión o consumo. La proporción que representan los reos que están presos en las cárceles de la República por estos delitos, superaron el año pasado el 40 por ciento del total. No es necesario añadir que el consumo de las drogas de uso ilícito, al menos conforme a los datos de las encuestas de adicciones, sigue creciendo.
El problema
La mayor parte de nuestros policías tienen mentalidad de perro de presa: una vez que han descubierto a su enemigo -muy aparte de que lo sea o no verdaderamente-, no están dispuestos a soltarlo. Hay un ejemplo reciente y triste de lo que ha sucedido a partir de que Fox -asustado por no haber logrado nada contra el narcotráfico-, promovió un cambio legal que le permite a las autoridades locales intervenir cuando conozcan crímenes de este tipo a pesar de que se trata de un delito federal.
Los hechos ocurrieron en Puebla a mediados de marzo y hay un video que los revela. Resulta que agentes de la AFI, trabajando con algunos elementos del Estado, detuvieron a un presunto narcotraficante y como atención a la Procuraduría de Puebla presentaron al detenido en sus instalaciones, no obstante ser delito federal. La procuradora del Estado, una tal Blanca Laura Villena Martínez, se enteró del hecho y le dijo a los agentes de la AFI que dejaran ahí al detenido, que ella se encargaría de esclarecer los hechos. Los de la AFI se negaron; la procuradora se enojó y la emprendió a manotazos contra ellos, gritando que debían obedecerla. El zipizape terminó sólo cuando el director de la Policía Judicial del Estado, Adolfo Karam Beltrán, dijo que era delito federal y ya. Los de la AFI se llevaron a su detenido y, días después, Karam fue cesado de su puesto.
Si circos de esta naturaleza ocurren a ese nivel, imagínese qué no sucederá cuando un grupo de policías detiene a un joven que sale de noche de un bar. Si hay restos de una semillita de algo que parezca marihuana en alguna de sus bolsas, se convierte automáticamente en un criminal peligrosísimo. Exigirle a los azules que distingan entre tráfico y consumo es pedirles imposibles.
Soluciones
Hay un solo camino para evitar las injusticias a las que está sujeta nuestra población: despenalizar la posesión de drogas cuando sea en tal cantidad que apenas baste para el consumo personal, es decir: cuando sea tan pequeña que no pueda ni siquiera hablarse de narcomenudeo. A pesar de la moralina que corroe a nuestros legisladores -estarán dispuestos a darse bonos y aguinaldos millonarios, pero a la hora de hablar de narcotráfico son purísimos-, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron recientemente una reforma la Ley de Salud y al Código Penal Federal, que despenaliza la posesión de 500 miligramos de cocaína, un kilo de peyote, una pastilla de LSD; cinco gramos de opio o de marihuana; 250 gramos de hongos alucinógenos y 25 gramos de heroína.
Por supuesto no faltaron los senadores que pusieron el grito en el cielo diciendo que las reformas estaban legalizando el consumo y que el país estaba caminando hacia la perdición. Sus protestas consiguieron que se bajara las cantidades permitidas -en el proyecto original eran un poco menos pequeñas-, pero al final la reforma fue aprobada por las dos Cámaras.
Desde un punto de mira criminológico la decisión merece aplauso. Ojalá y pronto se atrevan a llevarla más adelante: no es arrestando a quienes no pueden pagar una mordida como puede lograrse que la criminalidad disminuya.
Publicado en La Ciudad y el Crimen del diario Reforma el lunes 1° de mayo de 2006.
