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Estrategia equivocada
Rafael Ruiz Harrell
Hace años que venimos padeciendo los resultados de una estrategia equivocada frente al crimen. Resulta que en el año de 1954, cuando la crisis económica de mediados de los noventas aceleró el ritmo de crecimiento de la delincuencia, las autoridades se fueron por el camino fácil y en lugar de aumentar la proporción de casos resueltos y disminuir la de los que quedan impunes, aumentaron las penas y se lanzaron en contra de la presunción de inocencia, reduciendo de manera significativa los casos en los que se otorga el beneficio de la libertad bajo fianza. El único resultado visible de esta errónea estrategia, además de que la criminalidad sigue creciendo, es que tenemos las cárceles a reventar, pobladas por personas sujetas a proceso y de las cuales una proporción creciente es declarada inocente.
Dos cifras revelan el meollo del problema: de 1994 a 2004, los presuntos responsables presentados ante un juez crecieron a razón del 2.5 por ciento anual. La delincuencia conocida, dejando de lado las cifras oficiales y considerando su tendencia, creció más del doble, a un ritmo del 5.9 por ciento anual. La proporción de casos resueltos obviamente descendió: del 11.5 que representó en 1994, diez años después era de sólo 8.4 por ciento.
El Problema
La dificultad empezó a gestarse cuando en lugar de aprehender a más criminales, las autoridades decidieron empezar a mandar a prisión a más presuntos y endurecer las penas. El número de reos del orden común que esperaban sentencia (procesados) pasó de 31 mil 003 en 1994 a 65 mil 134 en 2004. El ritmo anual de crecimiento fue del 7.7 por ciento, superior al de la criminalidad conocida. Una de sus consecuencias fue que si en 1994 eran enviados a prisión el 23.4 por ciento de los presuntos responsables del orden común, en 2004 fueron ya el 36.1 por ciento. De menos de uno en cada cuatro, se pasó a más de uno en cada tres.
No todas las entidades federativas les niegan a los presuntos responsables el derecho a la libertad bajo fianza en la misma proporción. Del 2000 al 2004, por ejemplo, Querétaro sólo encarceló al 10.0 por ciento de sus presuntos responsables; Aguascalientes al 10.4 y Zacatecas al 11.9. En cambio, en el mismo lapso Durango le negó el beneficio de la libertad bajo caución al 57.1 por ciento de los posibles responsables; Sonora al 56.3; Morelos al 53.3 y Jalisco al 49.9 por ciento. El Distrito Federal hizo otro tanto con el 40.6 por ciento de los presuntos responsables detenidos.
Consecuencias
La primera consecuencia de la nueva estrategia fue el hacinamiento en las prisiones. Si su capacidad ya era limitada y la calidad de sus instalaciones invariablemente atroz, el sistema carcelario entró en crisis al recibir una población que le llegaba a un ritmo para el que no estaba preparado. De una sobrepoblación del 11.4 por ciento en 1994, se llegó, aun a pesar de las prisiones construidas tan a la carrera, a una del 28.9 por ciento en diciembre del 2005.
Otra consecuencia fue el aumento en el costo. Cuando el número de procesados detenido -considerando ahora tanto a los del orden común como a los del orden federal-, pasó de 41 mil 337 (1994) a 87 mil 960 (2005), el costo de tenerlos en prisión aumentó, en precios actuales, de 807 millones de pesos por año a 2 mil 568.
La más grave fue que creció la injusticia y, claro, no se redujo el crimen. El número de presuntos responsables sometidos a juicio que fueron encontrados inocentes fue de 44 mil 083 en 1994 a 60 mil 894 en 2004. Por su parte, la delincuencia del orden común conocida en la República, pasó de un millón 222 mil 293 en 1994 a 2 millones 452 mil 107 según la tendencia observable. Los inocentes crecieron 38.1 por ciento en ese lapso. La criminalidad 76.8 por ciento.
Una solución
La solución es boba de evidente: es imprescindible reorientar toda la estrategia oficial contra el crimen. No se trata de seguir aumentando las penas -que crecieron 3.9 por ciento anual de 1994 a 2004-, los arrestos al azar ni, mucho menos, las personas a las que se les niega la libertad bajo fianza. Es necesario reafirmar el principio de que una persona no es culpable del crimen que se le atribuye sino hasta que un juez sentencie lo contrario. No tiene por qué haber en prisión nadie esperando sentencia. Si dan garantías económicas de que no huirán y hay medios para asegurar que lo hagan, como los brazaletes electrónicos, no hay razón alguna para tenerlos en prisión.
Publicado en la columna La ciudad y el crimen del periódico Reforma, el 13 de marzo de 2006
