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Exigencia colectiva
Rafael Ruiz Harrell
En junio de 2004 marcharon más de un millón de personas por las principales avenidas de nuestra ciudad para exigir del gobierno que le pusiera límites a la inseguridad. Se creía que no era necesario precisar más la demanda porque daban por supuesto, con toda inocencia, que las autoridades sabían qué hacer para controlar el crimen.
En los años transcurridos la situación ha cambiado. Por supuesto hay quienes siguen creyendo que las autoridades no hacen más por carencias presupuestales o porque la ley se los impide, pero no porque ignoren cómo cumplir su deber. Es más, a su juicio la estrategia a seguir es muy simple: mano dura. El método para abatir el crimen es más patrullas, más policías, más armas, penas más crueles y una intransigencia más severa frente al crimen.
Los grupos de avanzada -por fortuna-, ya abandonaron la inocencia y tiraron la credulidad a la basura: no sólo están enterados de que las autoridades no tienen la menor idea de cómo resolver el problema de la inseguridad, sino tienen la certeza de que las acciones oficiales están mal encaminadas. Ya no les basta con demandar de las autoridades que abatan la delincuencia: exigen que lo hagan de cierta manera y acatando ciertos principios. El qué está vinculado ahora al cómo.
México Unido
Aunque hay varios grupos importantes -ICESI, Insyde, El Colegio de México, etc.-, interesados en precisar qué debe hacerse para controlar el crimen, tal vez el mejor ejemplo de la transformación que ha tenido lugar en estos dos años sea la que ocurrió en la asociación civil México Unido contra la Delincuencia, organizadora principal de la marcha del 2004.
La preside a escala nacional María Elena Morera de Galindo, una mujer talentosa, linda y comprometida, que no vacila en confesar que dos años atrás no sabía ni en lo que me metía, pero había que hacer algo para frenar el crimen. Hoy no sólo lo sabe, sino afirma que es necesario dar vuelta a la política histórica de apostar a la represión, para adoptar un nuevo método preventivo que garantice la contención y abatimiento del delito de forma permanente. Y lo sabe porque todo este tiempo se ha dedicado a hacer algo que las autoridades no hacen: oír a la gente y charlar con especialistas.
La experiencia reunida se resume en diez puntos. México Unido contra la Delincuencia sostiene que es necesario emprender (1) acciones integrales para prevenir la criminalidad; (2) tener autoridades de seguridad y justicia más preparadas y policías de los cuales los ciudadanos se puedan sentir orgullosos; (3) ministerios públicos eficaces y honestos; (4) juicios penales imparciales, cortos y justos y, en tanto sea posible, (5) lograr que los conflictos se resuelvan sin tener que llegar a procesos penales; (6) realizar acciones decididas contra los criminales, como intervenir las cuentas bancarias de quienes pertenezcan al crimen organizado; (7) hacer lo necesario para que la rehabilitación de los sentenciados sea eficaz; (8) los ciudadanos tengan acceso a la información en materia de seguridad; (9) reciban datos verdaderos y confiables y (10) las autoridades de seguridad y justicia los escuchen.
Hay además un corolario que muchos servidores públicos ven con desconfianza. México Unido sostiene que involucrar a la sociedad civil en las políticas públicas sobre seguridad y justicia, no sólo es una obligación democrática, sino la forma más efectiva de dar transparencia, objetividad, imparcialidad y honestidad a las acciones de los servidores públicos.
La respuesta
Cuatro de los cinco candidatos a la Presidencia no tuvieron objeción alguna a las demandas de México Unido y suscribieron un documento comprometiéndose a llevar adelante esos principios. Como era de esperarse, López Obrador dio la nota discordante.
En junio del 2004, AMLO se mofó de la marcha diciendo que había sido un desfile de modas y era parte del compló, o sea un acto más de la compleja ofensiva que Salinas de Gortari había montado en su contra. En esta ocasión el pretexto fue que su agenda estaba muy apretada y sólo después accedió a firmar el documento si se lo enviaban. Lo regresó por medio de Fernando Schütte, un empresario que antepone sus intereses y los del gobierno a las necesidades ciudadanas. ¿Por qué empleó AMLO vía tan lamentable? ¿Lo haría para decir que no aceptaba el compromiso aunque hubiera firmado el documento, o para dejar claro que sólo lo aceptaba muy a medias y por encimita?
Publicado en La Ciudad y el Crimen del periódico Reforma el lunes 15 de mayo de 2006
