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Machetes y banquetes
Luis de la Barreda Solórzano
La foto publicada en primera plana de La Crónica es espléndida en su violenta elocuencia. El hombre de edad mediana, el talante a la vez fiero y sonriente, es captado en el momento justo en que está tirando la patada a la cabeza del policía que yace en el suelo tan indefenso que ni siquiera cubre su cara o su cabeza con los brazos. El pateador tiene la mirada clavada en el rostro del agente, y parece solazarse en su acción violenta tanto como en el dolor y el miedo que provoca en el objeto de su agresión. La televisión nos mostró que después el caído fue pateado por otros hombres. Cada patada fue inferida con notoria saña. Una en particular refleja un odio acumulado, enfermizo, rencoroso: la que se estrelló en los testículos del hombre derribado con encono tan grande que el agresor parecía querer reventárselos.
—Nos van a matar— gritaba uno de los policías cuando la turba se precipitaba contra él y sus compañeros con palos, piedras, bombas molotov, petardos, machetes, varillas y vidrios. En Reforma se observa una gráfica en la que los guardianes del orden público son perseguidos frenéticamente por una multitud cebada en su propio furor.
A las 13 horas se escuchó el estallido de tres cohetones en San Salvador Atenco. Siguieron varias explosiones de pólvora y el repique de las campanas de la iglesia. Fueron las señales sonoras que se estaban esperando para salir a las calles y apoyar a quienes bloqueaban la carretera Lechería-Texcoco.
El origen del conflicto parece baladí: la policía intentó desalojar a ocho vendedores de flores que ocupaban la banqueta de un mercado de Texcoco en aplicación de un programa, iniciado en agosto de 2005, de reubicación de ambulantes y floricultores.
Se produjeron cuatro batallas campales. Hubo decenas de heridos, ocho de ellos graves, y un adolescente ultimado por un petardo que estalló en su pecho. Entre los más de 100 detenidos está el líder Ignacio del Valle, el mismo que encabezó el movimiento de los labriegos de San Salvador Atenco que echó abajo, recurriendo a acciones delictivas que incluyeron la toma de rehenes, el proyecto más importante del sexenio: la construcción de un nuevo aeropuerto. El pueblo desconoció a las autoridades municipales legítimamente electas y proclamó que no obedecería más ley que la no escrita de la voluntad popular.
La hija del dirigente detenido, América, amenazó ya que vengarían la muerte del menor (que, como se apuntó líneas arriba, murió por un petardo, no por una bala o una macana de la policía): “Que se cuiden las espaldas esos perros que mañana y hoy mismo será uno de su lado. El pueblo de San Salvador Atenco tiene licencia para machetear a cualquier militar, policía o granadero”.
Por su parte, el subcomandante Marcos declaró alerta roja del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en todo el país, y llamó a cerrar carreteras y calles.
Cuando el presidente Vicente Fox y su secretario de gobernación Santiago Creel decidieron ceder al chantaje de los violentos, pretendieron justificar su actitud en la consideración de que al claudicar estaban previniendo nuevos hechos de violencia.
Les falló. El chantaje triunfante no siempre logra que el chantajista se dé por satisfecho y desista de seguir con sus extorsiones. No es gratuito que en todos los países se haya llegado a la conclusión, consagrada en las leyes, de que el Estado debe hacer cumplir el derecho haciendo uso de la fuerza racional y necesaria cuando ello resulta imprescindible. La renuncia a este deber no origina que los infractores recapaciten acerca de su proceder ilícito, rectifiquen y se vuelvan respetuosos de las normas. Más bien, los envalentona, les da elementos para creer que pueden seguir haciendo de las suyas sin que la autoridad intervenga, que pueden volver a intimidar a los gobernantes, que el camino para lograr sus objetivos no es la lucha civilizada dentro de los cauces legales sino acudir a los actos ilícitos y a las acciones violentas para hacerse atender.
Ceder ante los violentos, entonces, no sirve para prevenir la reiteración de la violencia sino para incentivarla. Y se da una señal ominosa a los no violentos: el camino no es por allí, lo que rinde frutos es la trasgresión de la ley, la amenaza, la presión ilegítima. No parece ser lo mejor para la vigencia efectiva del Estado de Derecho.
Desde luego, hay otras formas también severamente perniciosas de erosionar el Estado de Derecho. Un ejemplo que va adquiriendo cada vez más nitidez es el de la actuación de la fiscalía para el pasado. Designado como fiscal un sujeto sin conocimientos de teoría del delito y sin escrúpulos éticos, la fiscalía no se afanó en esclarecer los hechos que debía investigar sino que seleccionó chivos expiatorios, para lo cual no se detuvo en coaccionar a agentes a cargo de las averiguaciones previas para que alteraran, distorsionaran o inventaran pruebas, o realizaran consignaciones sin elementos probatorios que las sustentaran. Pero no fue eso lo único reprobable —aunque sí lo más dañino para la justicia— en el funcionamiento de la fiscalía. La avidez con que el fiscal y muchos de sus colaboradores realizaron gastos irregulares fue tan desmesurada que, aunque parecían intocables por la misión asignada de castigar el pasado, fue inevitable que se abrieran expedientes para determinar responsabilidades. Podremos conocer pronto esas anomalías pues el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ha ordenado que se den a conocer las erogaciones realizadas por el fiscal Ignacio Carrillo Prieto en comidas a domicilio, las marcas y la cantidad de botellas de vinos y licores enviadas a casa del fiscal, el número de meseros y capitanes de meseros que se contrató en cada ocasión. Deberá revelarse además, entre otras cosas, la lista de las empresas de alimentos y banquetes contratadas, el número de colaboradores del fiscal y sus salarios, los menús y los invitados a los convites. Asimismo, habrá de hacerse público el documento que autoriza al fiscal a laborar en su domicilio (se sabe que no era un asiduo asistente a su oficina). Esta información ha sido negada por el fiscal alegando que se trata de datos personales. Pero el IFAI aclara en su resolución que no son tales los gastos que se efectúan con recursos del erario. Nos enteraremos de cosas muy interesantes.
Publicado en el periódico La Crónica de Hoy en viernes 5 de mayo de 2006.
