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Negar la realidad
Rafael Ruiz Harrell
Piénsese en un paciente que tiene ya tiempo de estarse tratando con un médico -carísimo, por cierto-, que en lugar de sentirse mejor, se siente peor cada día. Varias veces se ha quejado con el doctor y éste le pide paciencia, diciéndole que va mejorando, pero aún no lo percibe. Así las cosas, un buen día decide por su cuenta hacerse practicar un chequeo a fondo en un buen laboratorio. Los resultados son asustadores: no sólo está mal, sino peor de lo que creía. Inquieto, le muestra al médico los resultados y éste le dice que no hay motivo para preocuparse: los datos del análisis no son dignos de tomarse en cuenta; es falso lo que revelan; el estudio fue mal hecho; él conoce a los responsables del laboratorio y tiene la certeza de que hicieron todo eso sólo para perjudicarlo.
El ejemplo no es gratuito: al conocer los resultados de un estudio victimológico de su ciudad o su estado, las autoridades reaccionan exactamente igual que el médico del ejemplo. Lo afirmo porque el miércoles pasado nuestro diario dio a conocer los resultados de una investigación de esa índole realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, ICESI, en trece zonas urbanas de la república y la respuesta oficial ha oscilado entre el silencio y el rechazo.
Al conocer los datos, Jesús Giles Sánchez, secretario de gobierno del Estado de Morelos, se soltó diciendo que eran falsos y no correspondían a la realidad. Se trata, llegó a decir en un programa televisivo, de alentar un juicio erróneo sobre la administración del gobernador Sergio Estrada Cajigal. Quieren dañar su imagen, dijo. La afirmación es risible: después del gobierno atroz hecho por Estrada ¿de qué serviría -si fuera posible- manchar todavía más su imagen?
La encuesta difundida el miércoles se ocupa de la zona metropolitana del valle de México, no del DF por sí solo, pero Alejandro Encinas, jefe de gobierno capitalino, no podía dejar de protestar. Según la información publicada por Milenio (11 ene 06), rechazó el estudio por dos razones. La primera es que la zona metropolitana abarca las 16 delegaciones políticas, 58 municipios del Estado de México y uno de Hidalgo, por lo que hablar del Distrito Federal "no es toda la zona metropolitana". El argumento es sorprendente ya que el área que comprende la investigación del ICESI es precisamente la que señala Encinas. El segundo motivo para rechazar el estudio es que "sólo toma en cuenta las percepciones de la gente y no se hace un análisis profundo de los últimos índices delictivos". Ahora bien, lo que presentó el ICESI es un estudio victimológico, es decir, se trata de una investigación diseñada expresamente para conocer y medir las experiencias y percepciones de la gente frente al crimen. Las cifras oficiales, sean viejas o recientes, están fuera de su campo de estudio. Dicho de otra manera: Encinas rechaza la investigación victimológica del ICESI porque tiene el defecto de hacer lo que debe hacer una investigación victimológica. ¿No es maravilloso?
Así haya más, debo contentarme con un tercer ejemplo. Samuel Ramos Flores, presidente municipal de Mexicali, reaccionó también de manera muy airada ante la afirmación de que la suya es después de Culiacán y Tijuana, la ciudad más peligrosa del país. "Es algo fuera de la verdad y en lo que no estamos de acuerdo", le dijo a La Crónica de Baja California el pasado día 11. Su oposición se centra en un solo punto: la investigación de campo fue realizada en marzo del 2005 -según advierte el propio estudio-, pero a juicio de Ramos "el lector no la registra como hecho pasado, sino actual" y esto provoca confusión. El presidente de Mexicali añade que ello no quiere decir "que en aquellos tiempos la situación no fuera grave" ni, tampoco, "que ya se abatió la inseguridad", sino meramente que "deben de manejarse informaciones actualizadas". La petición no tiene muchos fundamentos, ya que conforme a las cifras oficiales, Baja California ha sido desde 1990 el peor estado de la República. En 2005 sus índices delictivos por cien mil personas superaron a la media nacional en 162.4 por ciento.
Más allá de los argumentos de detalle, importa lo inquebrantable de la actitud ante el problema de la inseguridad: a toda costa, aun alegando tonterías e incoherencias, las autoridades creen que deben negar la realidad y rehusarse sistemáticamente a aceptar la magnitud del problema. La circunstancia es muchísimo más grave que la del médico que se niega a otorgarle validez a los análisis que el paciente se hizo. Lo es, primero, porque no es sólo una vida la que está en juego, sino varias, y lo es, además, porque aparte de la seguridad, la tranquilidad y la libertad de la gente, están en duda la confianza hacia las autoridades y la certeza de que están haciendo lo que deben para proteger a la población. Vamos: lejos de abatir la inseguridad, rechazar los estudios que hacen los organismos de la sociedad sólo la refuerza.
El verdadero dilema, el de fondo, es si el médico del ejemplo quiere curar al enfermo o quitarle todo el dinero que pueda. La pregunta en relación a los gobernantes es la misma: ¿la inseguridad es para ellos un problema o sólo un pretexto para seguir medrando?
Artículo publicado en el periódico Reforma. Sábado 14 de enero, 2006.
