Artículos ¿Para expicar Tláhuac?
¿Para explicar Tláhuac?
Luis de la Barreda Solórzano
Entre cada tarde y cada mañana ocurren
hechos que es una vergüenza ignorar
Jorge Luis Borges
El tiempo transcurrido no borra el recuerdo. Lo más doloroso del inolvidable y nefando episodio de San Juan Ixtayopan, Tláhuac, no fue el linchamiento, a pesar de toda su crueldad y toda su miseria infrahumana. Lo más patético fue que pudo salvarse a los policías inmolados y, sin embargo, se permitió que dos de ellos fueran asesinados y otro quedara moribundo, con daños severos.
Las justificaciones de Marcelo Ebrard, entonces Secretario de Seguridad Pública y hoy Jefe de Gobierno del Distrito Federal, no resistían el menor análisis. ¿Cómo interpretar la explicación según la cual la policía no pudo llegar a tiempo, sino casi tres horas después, por la distancia y la orografía (sic) del lugar donde se celebraba el aquelarre? ¿Cómo no iba a poder entrar la policía al rescate si los reporteros de los diversos medios, armados sólo con cámaras y micrófonos, pudieron llegar hasta la escena del crimen, abrirse paso entre la chusma y detener momentáneamente la agresión mientras entrevistaban a los maltrechos agentes federales? ¿Cómo admitir que un grupo de la policía preventiva del Distrito Federal se haya apostado a un kilómetro del lugar de los hechos sin intentar detener el crimen porque no recibió la orden de entrar en acción? ¿Cómo tomar la declaración de que 100 policías no hubieran podido dispersar a 1,000 agresores?
Sencillamente no se intentó salvar a las víctimas. A sólo 20 minutos de San Juan Ixtayopan se encuentra el cuartel del Agrupamiento Fuerza de Tarea, y la noche de la barbarie 100 policías se quedaron allí sin actuar. También están cerca de ese barrio los sectores Zapotitla, Mixquic, Milpa Alta y Tecómitl, y la base de la Policía Ribereña.
Se contaba con más de 400 policías preventivos que hubieran podido acudir al rescate. Unos proyectiles de gas lacrimógeno, una bengala lanzada desde un helicóptero, unos buenos chorros de agua, tal vez un par de tiros al aire y algunos macanazos probablemente hubieran bastado. En todo caso, había que intentarlo. Era el deber jurídico y ético de los jefes.
Nunca olvidaré las caras y las miradas de las víctimas. Sangrantes, desfallecientes, desdentados, los policías fueron entrevistados por los reporteros. Más que aterrorizados ante la turbamulta que se ensañaba con ellos pero les daba un respiro para que hablaran ante los micrófonos de las televisoras, los agentes parecían exhaustos. Más que adoloridos por la paliza inclemente, se les veía abrumados ante la persistencia de la pesadilla.
En un principio creí que la actitud de los jefes policiacos se debía a que tuvieron más peso en ellos la negligencia, la cobardía, el absoluto desprecio por la vida de los agredidos, el desdén a la ley y la mistificación de los usos y costumbres populares, o todo ello junto, que el sentido del deber y la solidaridad con sus subordinados. Inicialmente se dijo que los linchados fueron confundidos con secuestradores de niños y la multitud creyó que preparaban un secuestro. Pero entre la turba estaban varios elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, quienes contemplaron el brutal ataque sin hacer nada por evitarlo o ponerle fin. Alguien reportó a los mandos lo que estaba sucediendo desde antes de las 18 horas. Una llamada de auxilio se recibió a las 18:30 en la unidad sectorial de Mixquic. En sólo 10 minutos llegaron seis patrullas con 13 agentes, que no intervinieron. Un hombre de 64 años increpó por su pasividad a uno de los patrulleros, que le respondió que era mucha gente la que participaba en la agresión pero ya habían pedido refuerzos. Los datos sobre solicitudes de auxilio y llegada de las patrullas constan en reportes oficiales. Tanto la Delegada Fátima Mena como Marcelo Ebrard habían sido informados varios días antes de que se había detectado a personas que se hacían pasar por agentes federales preventivos.
En suma, aquel martes teñido de sangre estaban ocurriendo cosas que los altos mandos no ignoraban, a pesar de lo cual no se tomaron la molestia de tratar de impedirlas. A los agentes no se les linchó porque se creyera que preparaban secuestros de niños y se ignorara que eran agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) sino precisamente por serlo. Fueron interceptados y retenidos por cuatro individuos, y en ese momento se inició la videograbación del crimen. Las víctimas mostraron las credenciales —que fueron revisadas y videograbadas antes de que se iniciara la tunda— que los acreditaban como agentes preventivos federales. Simultáneamente se propaló el rumor de que los capturados eran robachicos, no obstante que en Tláhuac no se había presentado una sola denuncia de niños robados. Los agentes sacrificados estaban cumpliendo con su deber de investigar denuncias sobre narcomenudeo.
Esto ocurrió, pensarán los lectores, hace ya muchos ayeres. ¿Por qué el autor de esta columna —se preguntarán— lo recuerda ahora? Un informe de la PFP señala que, mientras el linchamiento continuaba, el Comisionado General de ésta recibió un reporte de Gabriel Regino, entonces Subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, de que los tres agentes ya habían sido rescatados. Ahora, Reforma ha publicado (3 y 5 de diciembre de 2006) que documentos de los servicios de inteligencia del gobierno federal e investigaciones de la Procuraduría General de la República vinculan a Regino con el narcotráfico. Se indica que al momento de la captura de un narcotraficante colombiano, éste contaba con protección de policías al mando del entonces Subsecretario, y que ambos hicieron retiros de una misma cuenta bancaria. Asimismo, se da cuenta de que tres policías preventivos que igualmente custodiaban a otro narco —también colombiano— y que ejecutaron a dos militares —por lo cual se encuentran presos en el Reclusorio Preventivo Oriente— tenían un permiso firmado por Gabriel Regino para vestir de civiles y usar autos particulares. En junio de 2004, La Crónica de hoy publicó que la Procuraduría General de la República detuvo a una banda de secuestradores en la que participaban elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y cuyo jefe disfrutaba de escolta policiaca. A todo lo anterior añádase el dato de que entre 2001 y 2004 el narcomenudeo creció 762% en el Distrito Federal.
Nada más lejos de mi propósito que emitir juicios apriorísticos. Una imputación (penal o extrapenal) siempre puede ser falsa, y al imputado siempre hay que concederle el beneficio de la duda en tanto no se demuestre plenamente la acusación. Sin embargo, un escalofrío me recorre la espalda. Siempre me pareció que el capítulo de Tláhuac, además de horrendo, era difícilmente comprensible. Pero si los documentos a que alude Reforma fueran veraces, esos hechos quizá puedan empezar a explicarse.
