Artículos Leyes a modo
Leyes a modo
Rafael Ruiz Harrell
Tengo la impresión de que Felipe Calderón siguió el mismo camino que su antecesor para integrar el gabinete jurídico de la Presidencia. Fox no quería abogados famosos o experimentados. Los quería, y así los eligió, jóvenes, estudiositos y recién egresados. No importaba que les faltaran veinte o treinta años más para entender lo que sabían.
Calderón debe haber hecho otro tanto porque ningún abogado con algo de sensibilidad y experiencia, se atrevería a ponerle a las iniciativas que firma el Presidente barrabasadas como las que le ponen sus actuales consejeros. El mejor ejemplo es la que envió el pasado 9 de marzo y que pretende reformar nueve artículos de la Constitución con dos fines fundamentales. Uno es sustituir la multiplicidad de leyes penales que hay en la República por un solo código penal y un código único de procedimientos penales. El otro es crear leyes a modo para poder combatir al crimen organizado y considerar que todo el que esté acusado de un delito de esa naturaleza es culpable de antemano.
El código único
Se han discutido mucho las desventajas y desventajas de sustituir los 32 códigos penales de la República y los 32 códigos de procedimientos penales por un código penal único y un solo código de procedimientos. Los abogados del gobierno federal están, en su mayoría, a favor de los códigos únicos. En los estados se prefiere dejar las cosas como están. Si el Presidente hubiera procedido democráticamente, antes de enviarle al Congreso una iniciativa en ese sentido debería haber alentado que las discusiones llegaran a un acuerdo.
Es claro que el fondo del problema no está en que haya muchas leyes o una sola, sino en el afán centralista del gobierno federal y en su eterna lucha contra un sistema federal al que nunca ha aceptado plenamente. El Código Penal Único, al igual que el proyecto de constituir una Policía Nacional, descansa en la noción de una república centralista, formada por departamentos y no por Estados soberanos. Una república en la que el gobierno federal, o más concretamente el Presidente, pueda mandar en todos los Estados de la Unión como lo hicieron en tiempos de su hegemonía los presidente del PRI.
Tal vez sea útil la simplificación prometida, pero desde el momento en que merma la soberanía de los Estados y reduce su facultad de decisión, es antidemocrática.
El crimen organizado
A pesar de los operativos militares y de todo lo que dicen estar haciendo contra el crimen organizado, particularmente contra el narcotráfico, lo único que ha logrado el gobierno de Calderón es agitar el avispero con un palo. En cuanto a lo demás no hay cambio: sigue aumentando el consumo de drogas ilícitas, su precio y calidad se mantiene constante y año con año aumentan las cantidades de droga decomisada y de plantíos destruidos, o sea que cada vez hay más droga en el mercado.
La frustración gubernamental estalló, como siempre lo hace en estos asuntos, de la peor manera: otorgándole más facultades a las autoridades y reduciendo los derechos humanos y las garantías constitucionales de los posibles responsables. El proyecto del 9 de marzo muestra una desesperación evidente porque, sin ningún rubor, afecta principios generales de derecho que garantizan el juego limpio -eso de lo que se trata la justicia-, demeritan la acción de las autoridades y le abren la puerta a intervenciones fascistas.
El principio de la presunción de inocencia, desde hace tiempo bastante maltratado, quizá reciba con esta reforma su golpe de muerte. Si se admite que todo acusado es inocente mientras un juez no declare lo contrario ¿cómo es posible que se promueva una reforma declarando culpable de antemano a quien se acuse de un delito propio del crimen organizado? Tal vez no debería decir ni siquiera "acusado", sino más bien "detenido", porque basta el juicio del ministerio público y en ocasiones de la policía, para que un delincuente de esa índole pierda buena parte de sus garantías. Sirvan de ejemplos que puede dictarse su arraigo, catearse su casa y decomisarse todos sus bienes sin que intervenga un juez, por la mera decisión del MP. Al recibir la orden de aprehensión puede enviárselo a la cárcel de la República que el gobierno estime conveniente.
Al dejar en la indefensión a los acusados por narcotráfico y otros semejantes, se abre una puerta para deshacerse de opositores políticos o de enemigos personales. Bastará con acusarlos de ser parte del crimen organizado.
Publicado en La Ciudad y el Crimen el lunes 19 de marzo de 2007
