El cambio en el crimen
Rafael Ruiz Harrell
No es en vano ir a la escuela: quienes estudian, invariablemente mejoran y hacen otras cosas. Si son ladrones, por ejemplo, dejan de robar. Abandonan la navaja y la calle oscura y para demostrar que algo aprendieron se van al fraude y al abuso de confianza. Quienes más experiencia tienen son los agentes del ministerio público y los agentes policiacos. El culpable de este cambio es Felipe Calderón que, enamorado de las fuerzas militares, cree que hacerlas responsables de tareas policiacas es la mejor manera de abatir el crimen cuando la realidad es exactamente la contraria.
El promedio de años de estudio de quienes se dedican al robo coincide más o menos con la primaria. No deja de ser curioso que la violencia sea inversamente proporcional a los años de estudio: un joven de veinte años que cursó hasta cuarto año de primaria golpea y maltrata a sus víctimas en más o menos tres de cada cuatro robos que comete. Quien estudió hasta sexto usa la violencia en uno de cada seis robos. Quienes cursan la secundaria cometen tantos ilícitos como sus compañeros, pero la violencia se reduce a amenazas verbales y sólo en uno de cada diez casos incurren en golpes y heridas.
La técnica más frecuente en el caso del abuso de confianza está vinculada a una necesidad urgente de dinero. El caso más frecuente es la enfermedad de un niño o una niña, vinculado a un cuento chino en el cual la cartera quedó olvidada en el auto o alguien la robó. A cambio del dinero necesario para comprar la medicina, el delincuente promete las perlas de la virgen. Enseña tarjetas de visita -que rara vez coinciden-, promete que al llegar a su casa sacará el dinero y nos lo traerá de inmediato -casi siempre añadiendo un poquito más-, y jurando gratitud, fidelidad, amistad y recuerdo eternos.
Por supuesto no se trata de nada de esto. Hasta ahí es un robo común y corriente, que se transforma en abuso de confianza en el momento en el que la persona víctima del abuso cae en el juego y le entrega al delincuente el dinero pedido o parte de él.
Basta el análisis más sencillo del cuento que rodea a la supuesta petición de auxilio para advertir que los elementos de la excusa son falsos por donde se los mire. El valor de su convicción descansa en la actuación del delincuente. Si es un buen actor; si la enfermedad de la niña o el niño resultan creíbles; si el cuento chino de la cartera perdida es convincente; si es capaz de suscitar lástima o simplemente ya no quiere uno verlo, la cantidad que se le entregue servirá para deshacerse de él.
Aunque parezca sencillo, no es fácil detectar lo que está haciendo y descubrir que no se trata de una petición de ayuda, sino de un abuso de confianza. La razón es que el delincuente sabe qué está haciendo y seguramente lo ha hecho muchas otras veces. No sería extraño que algún cómplice lo esperara para responder a una señal convenida de antemano ni, menos todavía, que si el abuso fallara estuvieran decididos -en este caso con el apoyo de sus credenciales oficiales- a llevar el asunto hasta una delegación del MP.
Este último punto es un detalle en el que conviene insistir, y más si son militares: los civiles no tienen defensa frente a la agresión militar. Lo que el soldado le atribuya al civil es un hecho que tienen que juzgar otras autoridades. O para decirlo de otra manera: el militar es absolutamente impune frente a lo que le atribuye al supuesto delincuente civil. No tiene más defensa que un juicio que, dado su origen, es de resultados previsibles. La consecuencia también lo es: para el tribunal que lo juzga no hay duda de que es culpable del delito que se le imputa.
Es aquí donde está el defecto fundamental del plan contra la delincuencia que defiende Calderón: no parece ser capaz de entender que darle a un cuerpo militar o policiaco plena libertad de acción es renunciar a superar el problema delictivo. Tan inevitable como que las cosas caigan por su propio peso si nada las detiene es que el ejército se corrompa y termine estableciendo lazos y asociaciones con quienes dice combatir si no hay muros, límites o sanciones que eviten su pérdida. No hay ejemplo de ejército o policía que haya conservado su eficacia o su pureza si no está sujeto a una vigilancia constante.
En ocasiones da la sensación de que el Jefe de Estado está muy contento jugando con sus hijos a los soldaditos. Ya se hacen uniformes con cortes impecables. Ya se nombran coroneles y tenientes coroneles -¿y por qué, que no papá es el único que puede usar cuatro estrellas?-, ya van a los desfiles militares y saludan con un rigor que hace más ridículo el carácter infantil del juego.
¡Qué bueno que el ejército es ahora el encargado de combatir la delincuencia porque, así, el crimen rural y urbano será cada vez más sofisticado! Ya estamos dejando atrás el robo. Pronto habrá más secuestros que abusos de confianza. El homicidio doloso está dando señales de estar en ascenso. Total, si tenemos los grupos preparados y entrenados para hacerlo, tienen el apoyo presidencial, y las armas y herramientas necesarias ¿por qué desperdiciar esa fuerza de trabajo en delitos menores? ¿O podrá Calderón entender otra cosa?
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Publicado en sección editorial del periódico Reforma el sábado 22 de septiembre de 2007






