Evolución de un problema

Rafael Ruiz Harrell

Diez años atrás, cuando la delincuencia en el DF creció de manera desmesurada a causa de la crisis económica de 1954-1955, el problema de la inseguridad pública tenía una sencilla definición: era necesario disminuir la incidencia del crimen. Algunos estudiosos decían que esto se debía a que la policía era ineficaz, corrupta o mal organizada. Otros decían lo mismo del ministerio público o de los tribunales penales, pero todos coincidían en que el problema central era bajar el número de delitos a límites más razonables y más tolerables.

En 1997, al empezar a menguar los efectos de la crisis económica, la delincuencia también empezó a disminuir, pero sea porque se inventaron descensos en los que era imposible creer -como la disminución del 60.1 por ciento en los robos a transeúntes que se presumió entre junio del 1999 y febrero del 2000-, sea porque la gente no advirtió ningún cambio en las instituciones de seguridad pública, siguió diciéndose que no había ocurrido nada.

La percepción colectiva no estaba equivocada, pero las autoridades sostuvieron que no correspondía a la realidad y resultaba de la influencia de otros factores. Las cifras difundidas por la Procuraduría o la SSP no importaban: la gente formaba su opinión a partir de lo aprendía en la televisión, la radio o la prensa. La población confiaba en los medios, pero no en las autoridades. Hacia ellas tenía una creciente desconfianza que llegaba al grado -para dar un dato revelador-, de que sólo denunciaba un delito por cada 8.5 que sufría.

La percepción

El hecho trajo una consecuencia importante: el problema de la inseguridad no era, después de todo, tan sencillo como se había pensado. Sí, era necesario bajar los índices delictivos, mas también era imprescindible lograr que la gente lo creyera. El MP y la policía tenían que ganarse la buena voluntad de la población.

El propósito se dice fácil, pero es muy complejo de lograr. La confianza depende de muchos factores. Uno de ellos es la eficacia: los delitos que se han hecho del conocimiento de las autoridades no pueden quedar sin resolverse. La impunidad y la corrupción tienen que disminuir. La atención desidiosa y el maltrato tienen que desaparecer. El MP y la policía tienen que entender y aceptar que son instituciones de servicio público.

La percepción que el público tiene de ellas mejora de manera notable cuando aumenta la proporción de casos resueltos, pero no basta con eso y de ahí que la percepción tenga que ser vista como un problema aparte, independiente.

La policía y el Ministerio Público

Hay instituciones de dos tipos. Unas son las cerradas, verticales, con una disciplina cercana a la militar, que les imponen a sus miembros una cierta manera de hacer las cosas y, con ello, una cierta manera de pensar. Las otras son las instituciones abiertas, horizontales, que prefieren enriquecerse con los conocimientos y creatividad de sus miembros y que están dispuestas a aprender, a reformarse, a intentar procedimientos nuevos para corregir lo obsoleto de los anteriores, o para descubrir otras maneras de hacer las cosas.

Las procuradurías y las policías que tenemos son, a todas luces, instituciones del primer tipo. Indispuestas por completo al cambio, están neciamente empeñadas en seguir haciendo lo mismo -aunque no sirva-, o en hacer algo muy semejante y que siga el mismo camino. El resultado es obvio: como no aprenden no son capaces de cambiar y, a la corta o a la larga, su organización interna, su estructura, termina por convertirse en un obstáculo para que logre los fines que se le exigen.

En un principio fue, sencillamente, abatir el crimen. Luego se reconoció que había otro problema más: la percepción de la gente, ya que sin su confianza y ayuda, no es mucho lo que pueden lograr las autoridades. Hoy nos estamos dando cuenta que hay un tercer factor que nos aleja de la seguridad pública. Está formado por los procedimientos y las costumbres, tonterías y necedades que la policía y el MP insisten en mantener como verdades divinas. Está, lo que es más grave, en las reformas constitucionales que se han enviado al Congreso para darle a la policía preventiva facultades de investigación y reforzar las numerosas, excesivas e indebidas que tiene ya el MP.

En resumen: alcanzar la seguridad pública implica abatir el crimen; lograr que se atienda a la percepción pública y evitar que nuestras autoridades sigan siendo uno de los principales factores criminógenos.

Publicado en La ciudad y el crimen del periódico Reforma el lunes 7 de Mayo de 2007.