Artículos Inseguridad: un asunto de salud pública
Inseguridad, un asunto de salud pública
Sinopsis
La percepción de inseguridad está motivada por la constatación de que: a) la criminalidad afecta a amplios sectores de la población, y b) sólo una mínima proporción de la demanda de justicia encuentra satisfacción adecuada.
Más de la mitad de los habitantes se sienten inseguros en el lugar donde viven. 86% de los capitalinos, 71% de los mexiquenses y 62% de quienes residen en Baja California comparten tal percepción. Más de la mitad de la población se siente insegura en el transporte público y en la calle, y casi la mitad en las carreteras y en los mercados.
Sólo en 2004, poco más de la cuarta parte de los mexicanos modificaron ciertos hábitos o dejaron de realizar determinadas actividades por temor a la delincuencia. Ocho de cada diez personas aseguran que su vida se ha visto afectada por la inseguridad. Siete de cada diez mexicanos no tienen confianza en las corporaciones policiacas.
La desconfianza es mayor en las zonas urbanas. Nueve de cada diez personas desconfían de su policía preventiva en Acapulco, Cancún, Ciudad Juárez, Villahermosa, Tijuana, la Ciudad de México y Cuernavaca. En esa misma proporción se desconfía de la policía judicial o ministerial en Acapulco, la Ciudad y México y Cuernavaca.
Ante el problema de la inseguridad que se vive y se percibe, la respuesta de gobernantes y legisladores ha sido poco imaginativa: el aumento de las punibilidades en la legislación penal —en ocasiones hasta extremos irracionales, con lo que se rompe la debida proporcionalidad entre la gravedad del delito y la severidad de la pena—; el abarrotamiento de los centros penitenciarios con presuntos delincuentes a quienes se imputan delitos que no son siempre de la más grave antisocialidad; la aplicación de la prisión preventiva en cada vez más supuestos —con la consecuente disminución de los casos en que procede la libertad provisional, lo que se traduce en una proporción desmesurada de presos sin condena—; la instauración de medidas claramente anticonstitucionales como el denominado arraigo domiciliario —que se impone a un sospechoso contra el que aún no existen pruebas y que se lleva a cabo no en el domicilio del arraigado sino en sitios de detención asignados por las procuradurías de justicia—.
En síntesis: aumento de penas y disminución o cancelación de derechos en detrimento de los inculpados —populismo penal, porque se trata de medidas que en apariencia responden a la indignación popular— han sido la respuesta ante el clamor contra la inseguridad.
Lo que no se ha hecho es formular una estrategia de prevención de los delitos; implantar sistemas que por primera vez hagan digna de confianza la estadística oficial; transformar las corporaciones policiacas en instituciones sólidamente capacitadas, profesionales, honestas, eficaces y confiables; iniciar la metamorfosis del Ministerio Público a fin de que llegue a ser un órgano que brinde una atención diligente y persiga con razonable grado de eficacia y prontitud los delitos, y cuyos agentes sean objeto de una auténtica supervisión de parte de sus superiores jerárquicos y de los denunciantes.
Las respuestas oficiales no sólo han sido ineptas para resolver o atenuar el problema, sino han resultado contraproducentes. Su consecuencia más nociva, la saturación de las prisiones, genera condiciones indignas de vida de los internos y aumenta su vulnerabilidad... sin que disminuya la delincuencia.
En efecto, en 2001 se denunciaron 1’016,000 delitos del fuero común, cifra que aumentó a 1’429,000 en 2004, lo que significa un incremento del 40.6%. En tanto, en 1990 había en las prisiones mexicanas 85,000 internos y hoy hay alrededor de 210,000, o sea 147% más.
Este último dato no indica, como podría pensarse, una mayor eficacia en la procuración de justicia sino mayor severidad judicial: en 1990 la condena promedio era de 2.3 años de prisión, y en 2004 fue de 3.6 años, esto es, las puniciones se elevaron en 56%.
Es resumen, mucho más presos, penas más severas... y, sin embargo, muchos más delitos —en la propia estadística oficial—, situación que no puede tener más que una lectura: las acciones de las autoridades no han sido eficaces para reducir la criminalidad.
Además, la estancia en prisión preventiva —es decir, sin condena— de presuntos responsables cuya situación personal hace improbable que cometan o reiteren el delito de que se les acusa, o de presuntos responsables de delitos no violentos o no de suma gravedad, es una injusticia y una irracionalidad.
Por otra parte, la inseguridad de las prisiones varoniles, en los que la muerte violenta tiene permiso, supone que a la pena de privación de la libertad se agregue la de la angustia que produce la posibilidad de que uno sea la próxima víctima de una agresión.
La reclusión en un mismo centro penitenciario de presos violentos y no violentos coloca a estos últimos en riesgo absurdo.
A la vista del manifiesto e indignado clamor contra la inseguridad, todo candidato a un puesto de elección popular asevera que, si el voto ciudadano lo lleva al cargo por el que compite, el tema será para él prioritario. Algunos añaden que no les temblará la mano en el combate a la delincuencia.
Todos omiten enumerar y explicar qué acciones concretas adoptarían. Los que juran que no tendrán trémulas vacilaciones parecen estarse refiriendo a que seguirán la misma consabida vía de aumentar penas y reducir garantías. Estamos ante el problema que más mortifica e irrita a los ciudadanos.
Es preciso que el compromiso de candidatos y autoridades de luchar contra la delincuencia sea serio, responsable y con conocimiento de causa. Es indispensable, asimismo, que se precisen inequívocamente qué acciones han de realizarse o promoverse para combatir la criminalidad.
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Ponencia ¿Por qué de la inseguridad es un problema de salud pública? presentada en el Simposio La inseguridad en México: un reto de salud pública organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública el 8 de marzo de 2007 en la ciudad de Cuernavaca, Mor.
