Artículos Miedo en la ciudad
Miedo en la ciudad
Luis de la Barreda Solórzano
El término inglés fear deriva de una palabra sajona que semeja un grito inarticulado, un ulular que amalgama el objeto de nuestra aprensión y su significado, que denota algo que, agazapado y oculto, nos aguarda. En todo miedo subyace una sensación de emboscada, de lo que podría ocurrir.
Stuart Walton
(Humanidad. Una historia de las emociones)
Zozobra
Algo que, agazapado y oculto, nos aguarda: una sensación de emboscada, de lo que podría ocurrir. En la Ciudad de México, ¿quién no tiene temor de ser asaltado? ¿Quién no ha salido de su casa o de su centro de trabajo con la punzada del sobresalto por la probabilidad del malhadado encuentro con un atracador? ¿Qué trabajador con su salario en el bolsillo no se ha indignado anticipadamente al representarse, en su fantasía más incómoda, una aparición indeseada en virtud de la cual le serían sustraídos los billetes imprescindibles —que con tanto esfuerzo se ha ganado— para la manutención de su familia? ¿Qué padres no despiertan, el viernes o el sábado, en lo alto de la noche, con el alma en vilo hasta no constatar que sus hijos, que se fueron de reventón, ya están en sus recámaras? ¿Qué morador de una vivienda no ha sentido erizada la piel por un ruido de origen incierto que sabe que no proviene de un fantasma o un alma en pena? ¿Qué enamorado de la luna se atreve a aventurarse a disfrutar de una caminata nocturna, solo por esas calles citadinas de las que en cualquier momento puede salir un hombre armado que le exija la entrega de la cartera? ¿Quién no ha sufrido de taquicardia al ver aproximarse demasiado un vehículo en el que tal vez viajen sus inminentes secuestradores? ¿Cuántos padres ya no permiten a sus hijos pequeños ir a jugar al parque de enfrente? ¿Cuántas parejas de novios prescinden de disfrutar el fresco de la noche ante la probabilidad de que un maleante interrumpa abruptamente su diálogo amoroso? ¿Cuántos transeúntes prefieren sufrir un trayecto enredado hacia su destino antes que tomar un taxi en el que quizá se colocarían en el papel de víctimas propiciatorias? ¿Cuánta gente se abstiene de utilizar el transporte público, o lo utiliza porque no tiene más opción pero con el Jesús en la boca? ¿Cuántos consumidores temen por su seguridad sólo por ir a la tienda de la esquina? ¿Cuántos cinéfilos prefieren ya no ir al cine? ¿Cuánta gente vive encerrada en su casa y sólo sale si es absolutamente necesario? ¿Cuántos comerciantes ven seriamente menguadas sus legítimas ganancias por los continuos asaltos que sufren?
Nuestros ancestros sintieron miedo —primera emoción del ser humano en hacer su aparición— ante los depredadores, los elementos de la naturaleza, la oscuridad. El descubrimiento del fuego ayudó a calmar el desasosiego, pero no lo eliminó. Más tarde, los antiguos pobladores de las comarcas, en la noche de los tiempos en que las supersticiones eran más fuertes que la razón, colocaban coronas de ajo y crucifijos para ahuyentar a los vampiros.
El objeto de la desazón ha variado: por temor a la delincuencia, los habitantes de la Ciudad de México instalan cerraduras adicionales o refuerzan las ya existentes; colocan barrotes, rejas o alarmas en sus viviendas o sus negocios; contratan, si tienen posibilidades económicas, vigilantes para su calle; ponen plumas a la entrada de los fraccionamientos para controlar y restringir el paso de los automóviles.
Esa inquietud del corazón, por sí misma, aun si se tiene la suerte de no haber sido víctima de un delito, ya es una espina en el ánimo diario que deteriora la calidad de vida: impide el pleno disfrute de la vía pública, de los cines, de los restaurantes, de los bares, de las cantinas, de los estadios, de los parques, de los centros comerciales, de los mercados, incluso de los templos —que antaño eran lugares que los delincuentes respetaban— y hasta de la propia morada.
Recordamos, quienes los vivimos, tiempos mejores. Los más viejos sabemos que esta ciudad disfrutó de un razonable grado de seguridad pública. Quienes encontramos gran placer en caminar podíamos, hace tres décadas, recorrer a pie a cualquier hora casi cualquier área de la gran urbe con tranquilidad. Yo viví en la colonia Jardín Balbuena de los ocho a los 23 años. Me recuerdo andando desde la casa de alguna novia o de algún amigo, o desde el inolvidable Bar Bach —después de beber un par de rusos negros—, o desde el café La Habana, o desde algún cine, o desde el Estadio de Ciudad Universitaria o desde el Estadio Azteca, hasta mi casa, incluso después de la medianoche, sin sentir que un grave riesgo me acechara.
Esa ciudad la hemos perdido. No aquilatábamos su faz serena porque parece estar en la índole del ser humano no valorar el bien que tiene hasta que lo ve perdido, lo está perdiendo o se le menoscaba drásticamente. En ninguna otra área urbana del país la sensación de inseguridad está tan extendida como en la Ciudad de México, donde se sienten inseguros nueve de cada diez habitantes, proporción superior a la que se observa en Mexicali, Tijuana o Ciudad Juárez.
La dimensión de nuestra criminalidad
¿Es exagerada, o injustificada, esa extendida percepción de i nseguridad? Parece que los amplios espacios noticiosos que ocupan los episodios criminales en periódicos y noticiarios influyen hasta cierto punto en la psique de los televidentes, radioescuchas y lectores. Ahora bien, reconocido lo anterior, ¿qué tan insegura es nuestra ciudad? El gobierno capitalino reitera con frecuencia que la criminalidad está disminuyendo pues en varios delitos las denuncias son menos hoy que en años anteriores.
Pero se soslaya una obviedad: la estadística oficial registra tan sólo el número de averiguaciones previas iniciadas ante el Ministerio Público. No revela cuántos delitos y cuántas víctimas abarca cada una de las averiguaciones, ni qué porcentaje de delitos no se denuncia, ni qué delitos quedan sin registrarse oficialmente por otras razones. Tampoco nos dice nada acerca de la violencia con que se cometen los delitos, ni si el delincuente iba armado y, en su caso, qué arma portaba, y si la utilizó.
Por tales limitaciones de las estadísticas oficiales, o por la desconfianza ciudadana en los datos que ofrecen las autoridades —interesadas en mostrar que están cumpliendo bien su trabajo—, en diversos países del mundo se ha consolidado la tradición de llevar a cabo encuestas victimológicas, las que dan voz a las víctimas para que digan su experiencia de victimización, señalen si denunciaron o no el delito, expliquen las razones de la denuncia o de la omisión de denuncia, refieran la reacción de las autoridades e indiquen su percepción acerca de la inseguridad y de cómo ésta ha afectado sus vidas. Estas encuestas se consideran, en países que han obtenido logros importantes en el abatimiento de la delincuencia, un instrumento indispensable para el diseño de políticas de seguridad pública, pues sólo conociendo la magnitud y las características del problema se tienen posibilidades de enfrentarlo con éxito.[1]
El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) ha llevado a cabo cuatro encuestas nacionales de esa índole, alternadamente sobre las 32 entidades federativas del país y sobre algunas de las áreas metropolitanas más importantes. Los datos que aquí aparecen se han tomado de esas encuestas y, en el caso de los homicidios y los secuestros, de la estadística oficial.
De todo el país, es la Ciudad de México la que tiene el mayor porcentaje de viviendas en las que se encontraron una o más víctimas durante 2005: en tres de cada 10 hubo al menos una persona que sufrió uno o más delitos. Asimismo, de cada 10 capitalinos, tres han sido agraviados por la delincuencia por lo menos una vez en su vida.
La Ciudad de México —incluyendo el Distrito Federal y la zona conurbada en el Estado de México— presentó una incidencia delictiva en 2005 de 24,878 delitos por cada 100,000 habitantes, muy por encima, más del doble, de la media nacional, que es de 11,246, y por mucho más alta que la de las dos ciudades que le siguen: Tijuana y Mexicali, con 19,383 y 19,141 delitos respectivamente. Un año antes, en 2004, la incidencia fue de 20,525 delitos. El aumento es significativo: de un año a otro hubo 4,353 delitos más, es decir un aumento de 21%. En ninguna otra área urbana se observa un crecimiento tan desmesurado, en el breve período de un año, de la criminalidad.
Considerando sólo al Distrito Federal —excluida la zona conurbada en el Estado de México—, existe suficiente evidencia estadística para afirmar que de 2004 a 2005 la incidencia delictiva subió 22%. La incidencia en 2005 fue de 32,572 delitos, muy por encima de cualquier otra área urbana. Casi 80% de esos delitos se cometieron con violencia.
Mientras a nivel nacional el robo abarca el 73% de la delincuencia, en la Ciudad de México su recurrencia es aún mayor: 88%. Siete de cada 10 robos perpetrados aquí ocurren entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche. El robo de vehículos automotores no sigue ese horario: la mayoría se comete entre las seis de la tarde y las seis de la mañana.
El robo con violencia a transeúnte es el más cometido en el país. También en la Ciudad de México ocupa el primer lugar: seis de cada 10 delitos. El segundo sitio lo ocupan aquí otras modalidades varias de robo, el tercero las lesiones y el cuarto el robo a casa habitación.
La gran mayoría de los robos realizados en la capital de la República, nueve de cada 10, son cometidos por menores de 36 años; cuatro de cada 10, por muchachos de 19 a 25.
Más allá de esas cifras, el segmento de robos que aterra a la población es el de los que se cometen a mano armada, en los cuales al detrimento patrimonial puede sumarse una grave lesión y aun la pérdida de la vida. Lamentablemente ha perdido actualidad aquel chiste, no exento en su ironía de cierta dosis de realismo, de que en ciertos barrios de la ciudad los ladrones eran tan hábiles que no sólo robaban la cartera de la víctima sin rozar su pantalón sino que sustraían sus calcetines sin tocarle los zapatos. Eran hábiles y considerados. La habilidad y la consideración han venido cediendo sitio a la crueldad y la saña.
En efecto, los asaltos no sólo han crecido en número sino se han agravado en violencia. Ocho de cada 10 ladrones en la Ciudad de México realizan el robo a mano armada, más con arma de fuego que con arma blanca. En tres de cada 10 de estos casos, el delincuente agrede a la víctima con el arma. Un dato curioso es el de que el uso de armas es proporcionalmente mayor entre los delincuentes adolescentes, de 12 a 18 años, y entre los que rebasan los 45. Los rateros armados suelen pasar del arma blanca al arma de fuego a partir de los 18 años.
Ocho de cada diez de los delitos cometidos en nuestra ciudad tienen lugar en la calle o en el transporte público, dato que da la razón a la percepción de los habitantes que identifican esos dos ámbitos como los más inseguros.
Del total de víctimas, la tercera parte padeció más de un delito durante 2005. En estas multivíctimas se concentra, como sucede a nivel nacional, más de la mitad de la criminalidad. El perfil predominante de la multivíctima es el de un hombre joven, obrero, empleado o trabajador independiente, lo que desmiente la creencia pedestre de cierta izquierda según la cual la delincuencia afecta sobre todo a las clases privilegiadas.
Homicidios y secuestros
Un diagnóstico sobre la inseguridad en cualquier región, entidad o ciudad no puede dejar de considerar los dos delitos de mayor impacto social: el homicidio doloso (intencional) y el secuestro. Dado que no los captan las encuestas victimológicas, tenemos que tomar las cifras de la estadística oficial.
El homicidio tiene escasa cifra oculta[2] ya que, cuando un cadáver acusa indicios de que la muerte no fue natural, el hecho suele hacerse del conocimiento del Ministerio Público. El homicidio doloso ha venido descendiendo considerablemente en el país. Si en 2001 se cometían casi 14 por cada 100,000 habitantes, en 2005 la incidencia fue de menos de 11. La tasa de homicidios dolosos en la Ciudad de México es de ocho, menor a la media nacional. Sin embargo, es de advertirse que esa tasa ha permanecido inalterada en los últimos años, en tanto que, como ya se apuntó, la media nacional ha venido descendiendo. No puede dejar de observarse, por otra parte, a fin de disponer de datos comparativos, que en las ciudades con una seguridad pública aceptable —las de la gran mayoría de países integrantes de la Unión Europea, las de Canadá, las de Australia, o, en nuestro propio país, Aguascalientes, Colima, Mérida o Monterrey, por ejemplo— la tasa de homicidios dolosos oscila entre 1.5 y tres por 100,000 habitantes.
Respecto del secuestro, la situación del Distrito Federal es incomparablemente peor que la del resto país. No sabemos qué porcentaje no se denuncia —posiblemente sea muy alto—, pero en 2005 se denunciaron 323 en toda la República, de los cuales 103 —la tercera parte— corresponden a la capital. Esa cantidad tan abultada, empero, ha venido bajando. Apenas el año pasado se registraron oficialmente en nuestra ciudad 145 secuestros. Este delito, que otrora afectaba sobre todo a los sectores favorecidos económicamente, se ha extendido a todas las capas de la sociedad con las modalidades de secuestro exprés y secuestro relámpago, en los que no se piden rescates millonarios. El secuestro es la conducta delictiva que más angustia e indignación provoca. Lo más grave es que en numerosos casos se ha descubierto la intervención de policías o ex policías en las bandas de secuestradores.
La cifra oculta
En la Ciudad de México se denuncia poco menos de uno de cada cinco delitos, porcentaje ligeramente por debajo de la media nacional. La omisión de denuncia es atribuida por las víctimas a la inconformidad con la actuación del Ministerio Público. Consideran que denunciar el delito es perder el tiempo. Esa razón, aducida por la mitad de las víctimas en el territorio nacional, es invocada en la Ciudad de México por dos de cada tres ofendidos. El porcentaje de presuntos delincuentes detenidos es apenas del 6%. No sólo aquí, sino en todo el país, no obstante que la opinión ciudadana sobre las policías es desfavorable, el juicio acerca del Ministerio Público local es aún más adverso. Sólo de los partidos políticos se hace una evaluación todavía más negativa.
La cifra oculta de la criminalidad no sólo se integra por los delitos no denunciados sin también por aquellos que, a pesar de denunciarse, no dan lugar a que se inicie averiguación previa; los varios delitos perpetrados en un solo incidente con varias víctimas que quedan registrados en una sola averiguación previa, y los delitos que no se registran en la estadística oficial deliberadamente o por deficiencias en el sistema instaurado. En el Distrito Federal no se registra el 92.4% de los delitos: por cada delito registrado ocurren 13.1. Es de observarse que en los países industrializados queda registrada oficialmente alrededor de la tercera parte de los delitos ocurridos.
La policía
Seguramente a casi todos los mexicanos ha de sorprenderles saber que en otros países la policía tiene un amplio reconocimiento y un sólido respeto de parte de los ciudadanos. En España, por ejemplo, se trata de la institución más prestigiada, y en el resto de la Unión Europea también goza de gran aceptación. Por citar un país de América Latina, los chilenos están orgullosos de su policía.
Muy distantes de aquellas son las calificaciones de los cuerpos policiacos mexicanos, sobre todo de los locales —las policías federales (la Agencia Federal de Investigación, AFI, y la Policía Federal Preventiva, PFP), son evaluadas mucho mejor—. Nueve de cada diez capitalinos tienen poca confianza, o ninguna, en sus policías preventiva y judicial locales.
El descrédito de nuestras policías no es gratuito. Se lo han ganado a pulso. Ni la policía preventiva ni la judicial tienen niveles siquiera medianos de calidad profesional. En otros países la selección y la capacitación de aspirantes es muy profunda. En Chile la carrera policiaca, a la que sólo se puede ingresar cuando se ha concluido el bachillerato, dura ocho semestres, lapso en el cual es posible adquirir los conocimientos indispensables para desempeñar un oficio que es de enorme importancia, riesgo y dificultad. Aquí no se ha emprendido con seriedad la tarea de profesionalizar y modernizar ni nuestros cuerpos policiacos ni nuestro Ministerio Público.[3]
Es triste el dato de la cantidad de agentes policiales y ministeriales consignados como presuntos responsables de delito ante la autoridad judicial. De diciembre de 2000 a junio de 2006 se puso a disposición de jueces penales a 7,571 agentes preventivos y a 1,424 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia.
Dolorosamente, sigue siendo actual el aserto del inolvidable maestro Alfonso Quiroz Cuarón, formulado hace ya 45 años, de que la policía mexicana se encuentra aún en una etapa primitiva.
¿Por qué?
Es innegable que los gobiernos perredistas heredaron la aguda inseguridad ciudadana de las administraciones anteriores. Desde mediados de la década de los ochenta se desmoronó nuestra seguridad pública. Sin embargo, como ya se anotó, la criminalidad está aumentando aceleradamente en nuestra metrópoli. Es muy sensible el aumento registrado de 2004 a 2005. No podemos comparar con años anteriores porque aun no disponíamos del magnífico instrumento de que ahora disponemos: las encuestas victimológicas.
No es tarea sencilla explicar por qué la incidencia delictiva alcanza en nuestra ciudad los niveles que ahora padecemos. Los vaivenes de la criminalidad siguen ritmos cuyo comportamiento tiene mucho de enigmático. Podría pensarse que toda gran urbe, por su concentración poblacional, sus movimientos económicos, sus diferencias sociales y su diversidad de actividades, necesariamente tiende a registrar una considerablemente alta tasa de delitos. Pero si bien es cierto que el grueso de la delincuencia se aglutina en áreas urbanas densamente pobladas, no es una fatalidad que en éstas la incidencia delictiva crezca o permanezca invariablemente alta.
En Monterrey y Guadalajara, por ejemplo, otras grandes ciudades con las características enumeradas en el párrafo anterior, la incidencia delictiva es de 8,582 y 10,640 delitos por cada 100,000 habitantes, tasas ambas muy inferiores a las de la Ciudad de México e incluso menores a la media nacional.[4] Guadalajara ha venido abatiendo de manera notable su criminalidad.
¿Por qué en la Ciudad de México la tendencia es la opuesta? Sin pretender la explicación exhaustiva de una realidad sumamente compleja, la cual requiere de un cuidadoso análisis que aún está por realizarse, es insoslayable la criminogénesis puesta en marcha por los gobiernos perredistas. Lo advirtió ya en las páginas de esta misma revista, con la lucidez que lo caracteriza, Luis González de Alba.[5] Tras la conversión de corporaciones clientelares antaño priístas, los gobiernos perredistas entregaron las calles a comerciantes ambulantes, taxistas piratas, lavacoches y arrendadores de espacios de estacionamiento en la vía pública. La entrega no fue gratuita: había que pagar cuotas económicas y cuotas políticas. Las primeras han suministrado ingentes recursos monetarios a las campañas electorales. Las segundas aportan ejércitos heterogéneos y numerosos de militantes conversos dispuestos siempre a sumarse —junto con invasores de predios y aspirantes a viviendas— a marchas, mítines y plantones. Las corporaciones obtienen así patentes de corso para sus operaciones. “Pero esas corporaciones —observa el autor de Los días y los años— están siempre con un pie en el puesto callejero y el otro en la delincuencia organizada, en los bajos fondos que van del simple contrabando hasta el narcotráfico, pasando por el secuestro, el robo y el asalto”.
No es difícil percatarse de la relación entre desorden callejero, delincuencia común y delincuencia organizada. El crecimiento exorbitante del comercio ambulante — que se ha adueñado impunemente de kilómetros y kilómetros de calles— ha generado espacios que hacen recordar la corte de los milagros de Víctor Hugo. Nunca como en estos años se había experimentado una invasión así del ambulantaje. Se calcula que el número de vendedores en la vía pública se ha multiplicado en los años recientes. No hay un censo que precise la cantidad. Los cálculos son imprecisos, pero apuntan a un número apabullante de cientos de miles de vendedores informales.
Las variadas formas de comercio ambulante, además de conformar un espacio apto para objetos robados, fracturan la continuidad de los espacios urbanos obstruyendo la vigilancia y facilitando asaltos a transeúntes por las ventajas que ofrecen a los delincuentes para ocultarse y huir. Tanto los carteristas como los atracadores de conductores de vehículos privados y de pasajeros del transporte público, tienen en el desorden callejero una efectiva protección y una probabilidad considerable de impunidad.
Asimismo, como advierte Ana María Salazar: “Esto forma parte de los círculos de criminalidad: para mover la mercancía se requiere de un auto robado; para proteger lo robado se necesitan armas, y para mantener todo esto en una bodega se requiere contratar seguridad, lo que incluye la complicidad de la policía local: son células que interactúan. Una vez que se usó el auto para mover la mercancía y las armas usadas en su protección, ya no les sirve y optan por desmantelarlo. Venden las partes en el mercado negro y ese dinero les servirá para comprar armas. A eso se refiere la explosión de la delincuencia organizada, toda una red de delincuentes interconectables”.[6]
Además de la antigua connivencia entre delincuentes y policías, y la metamorfosis kafkiana de policías a delincuentes después de la jornada laboral o durante ésta, la vigencia efectiva de la ley se ha difuminado. González de Alba, en el texto ya citado, dice en pocas líneas lo que todos hemos descubierto atónitos, indignados e impotentes: “Se dispararon los secuestros, los asaltos perdieron todo disimulo y ocurrieron a la luz del día y a la vista de la multitud atareada. Tomar un taxi fue arriesgarse al asalto a mano armada y al minisecuestro; cualquiera podía ser asaltado cada quincena; los pobres, viajando en camiones atestados, debían entregar sus relojes mientras una o varias mujeres eran violadas al fondo del transporte desviado de su ruta. Los rufianes se habían tardado en ver ese vacío y lo ocuparon”.
La manifestación más salvaje de ese nuevo entorno social fue el linchamiento de tres policías en Tláhuac —dos de ellos asesinados—, cuyo único pecado fue estar cumpliendo con su deber de realizar una investigación sobre narcomenudeo en una escuela. Mientras la turbamulta los inmolaba frente a las cámaras de televisión, pudieron implorar ante los micrófonos de los reporteros una ayuda que no llegó porque el jefe de la policía preventiva capitalina, hoy Jefe de Gobierno electo, sencillamente no dio la orden que los hubiera salvado. Lo más doloroso no fue el linchamiento, a pesar de toda su crueldad y su miseria infrahumana. Lo más patético es que pudo salvarse a los policías y, sin embargo, se les sacrificó pues tuvo más peso en el jefe policiaco la negligencia, la pereza, la cobardía o el absoluto desprecio por la vida de los agredidos, o todo eso junto, que el sentido del deber.
Telón
La ciudad de la esperanza le llamó a la Ciudad de México el ex Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, pero él y sus adláteres la dejaron convertirse en la ciudad del miedo. Aquella ciudad en la que se podía caminar a solas casi por cualquier rumbo y a altas horas de la noche, contemplando las antiguas estrellas que evocan los ojos de la amada sin temor a un asalto, fue sustituida por una urbe en la que la violencia extrema es cotidiana. Se ha venido imponiendo un ambiente de zozobra. Eso ha dañado la calidad de vida de todos, incluso la de quienes no han sido aún víctimas de la delincuencia, y ha lesionado la cohesión social.
¿Cómo empezar a revertir tal desgracia? La policía preventiva capitalina es corrupta e ineficaz, y está infiltrada en sus distintos niveles por delincuentes. De ahí que el rescate de nuestra ciudad exija, como primer paso, que el Presidente de la República ejerza plenamente sus facultades legales respecto de la seguridad pública en el Distrito Federal.[7] Porque, en esta lucha titánica, la victoria parece imposible sin que se ponga fin a la actitud de connivencia, o por lo menos de negligencia grave, que han observado las autoridades capitalinas ante la delincuencia. A pesar de los pesares, no podemos renunciar a recuperar “la ciudad que todos soñamos”.[8] Esa renuncia equivaldría a aceptar la degradación definitiva del escenario en el que cotidianamente se nos manifiesta la vida.
Publicado en Letras Libres de enero de 2007.
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[1] No debe soslayarse que las encuestas victimológicas también tienen sus limitaciones, una de las cuales es que sólo captan los delitos más frecuentes, tales como robos y agresiones no letales en sus diferentes modalidades, pero no otros de enorme impacto social como el homicidio y el secuestro.
[2] Cifra negra le llaman los criminólogos sin que hasta ahora los hayan acusado de racistas los obsesos del lenguaje políticamente correcto.
[3] Desde luego, a mayores exigencias de profesionalización y modernización deben corresponder condiciones laborales justas y atractivas.
[4] En el estado de Nuevo León y en su capital, Monterrey, la incidencia delictiva —incluyendo los delitos de mayor impacto como el homicidio doloso y el secuestro— es baja comparada con el promedio nacional, aunque las 50 ejecuciones ocurridas en 2006 pudieran sugerir otra cosa.
[5] “La gravitación de Tlatelolco”, en Letras libres, octubre de 2006, páginas 28 a 31.
[6] Seguridad nacional hoy. El reto de las democracias, Nuevo siglo, Aguilar, México, 2002, página 7.
[7] El Estatuto de Gobierno establece que corresponde al Presidente de la República el mando de la fuerza pública en el Distrito Federal así como la designación —a propuesta del Jefe de Gobierno— del servidor público que la tenga a su cargo y su libre remoción.
[8] La expresión es de Octavio Paz.
