Artículos ¿Pasión por la justicia... o por la guillotina?
¿Pasión por la justicia... o por la guillotina?
Luis de la Barreda Solórzano
¿Puede exonerarse a un rey en un tribunal?
Está muerto en el instante en que se presenta ante los jueces
Dantón
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por ocho votos contra tres que no pueden ser señalados por grave violación de garantías el Gobernador Enrique Peña Nieto, el entonces Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal Eduardo Medina Mora ni los funcionarios que autorizaron y planearon los operativos para desbloquear la carretera Texcoco-Lechería, rescatar a policías secuestrados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y restablecer el orden en San Salvador Atenco en mayo de 2006, pues la orden correspondiente fue legal.
Al día siguiente, 13 de febrero, la portada de La Jornada anunciaba con un espectacular encabezado: Convalida la Corte impunidad en el caso Atenco, y en el cintillo: Exculpa a Peña Nieto, Medina Mora y demás autoridades. El editorial oficial del periódico, que llevó como título Suprema impunidad, concluye: "... los integrantes del más alto tribunal del país han decidido, por amplia mayoría, dejar de lado la justicia y votar por una impunidad a la que otorgan, de esta manera, la categoría de suprema". Los demás diarios titularon las notas relativas al asunto en la misma línea de denuncia indignada.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sostuvo que con la decisión "de no responsabilizar al Gobernador Enrique Peña Nieto o a Eduardo Medina Mora, entre otros, el que pierde es el pueblo" (Reforma). Igualmente Andrés Manuel López Obrador habló a nombre del pueblo lamentando que una vez más las instituciones no hayan estado al servicio de éste; aventuró que quedaba claro que la mafia política y Televisa quieren proyectar al Gobernador Enrique Peña Nieto como candidato presidencial para 2012, y fulminó: "Están fabricando una especie de Barbie masculina, es otro muñeco, un pelele. Su único atributo es su copete". El escritor Carlos Montemayor aseguró que los operativos efectuados en San Salvador Atenco son cercanos al modus operandi de la guerra sucia y que la exculpación demuestra una situación de impunidad. Flavio Sosa, el ex dirigente de la APPO, calificó de "omiso y patético" el fallo y anunció que se recurriría a los tribunales internacionales. La legisladora Aleida Alavez, de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, tildó el veredicto de "limitado e insuficiente" porque significa una impunidad bárbara en la que "estamos viendo la actuación de las autoridades que criminalizan la movilización social" (Milenio diario).
El proyecto no aprobado por el pleno, del ministro José de Jesús Gudiño, enlistaba a más de 2,000 participantes en los acontecimientos, y consideraba que no obstante que no existen datos que apoyen la hipótesis de que se hubiera dado orden de golpear, dañar o vejar a los manifestantes y detenidos, eso sucedió a la postre, y que, "aun cuando la violencia no hubiese sido ordenada, sí hay elementos para considerar que fue permitida, alentada o avalada por los superiores de los policías participantes en los operativos". Pero esta última afirmación no tiene sustento, como lo advirtieron los ocho ministros que objetaron el proyecto: no hay indicio alguno de que la violencia hubiera sido permitida, alentada o avalada por los mandos exculpados.
Para evaluar racionalmente la decisión de la Corte es preciso preguntarse de qué debe culpabilizarse a un individuo. La respuesta jurídica y ética civilizada no puede ser más que ésta: nadie es culpable sino de su propia conducta, no de la de terceros. Si alguno de los mandos hubiese ordenado abusos o teniendo conocimiento de ellos no hubiera hecho lo posible por detenerlos, sin duda habría que incriminarlo. Pero si la orden fue legal y lo que sucedió fue que algunos de los que la ejecutaron cometieron atropellos, ¿por qué han de ser culpabilizados quienes dieron la orden conforme a la ley? No sólo la prensa: el proyecto del ministro ponente también apuntaba a una culpabilidad indiscriminada. Si el funcionario que da una orden ajustada a derecho va a ser condenado por las desviaciones de los que la ejecutan, ¿no se está propiciando que quienes tienen bajo su responsabilidad preservar el orden público se abstengan de cumplir con su deber por temor a las consecuencias? ¿No se estaría así erosionando, aún más, al Estado de Derecho? ¿No son las posiciones de los ministros que perdieron la votación en el pleno políticamente correctas y aptas para suscitar aplausos de cierto sector de la opinión pública pero carentes de sustento jurídico y lógico?
Es deseable y exigible que se castiguen los delitos perpetrados en San Salvador Atenco con rigor proporcional a su gravedad y que ultrajes similares no se reiteren. Lo que es inadmisible es que se castigue indiscriminadamente y sin elementos probatorios por complacer a quienes claman justicia cuando lo que en realidad quieren es que se ponga a funcionar la guillotina.
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Artículo publicado en el suplemento de ENFOQUE del periódico Reforma el domingo 22 de febrero de 2009.
