Artículos Excluyen a la sociedad civil en la medición de la criminalidad
Excluyen a la sociedad civil en la medición de la criminalidad
Rubén Torres
El gobierno federal, 31 estados y el Distrito Federal dieron una “bofetada” a la sociedad civil al excluir al Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI), del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), para que organizaciones civiles “no participen en la medición de la criminalidad en México”; sin embargo, sí incluyeron por parte del gobierno al “gubernamental” INEGI, manifestaron ayer representantes de 13 organizaciones.
En la conferencia demandaron el cumplimiento establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL) –aprobado en la sesión del CNSP el 21 de agosto del 2008- de invitar a las “instancias ciudadanas a participar en la medición, la evaluación y el seguimiento de la situación de seguridad pública y el desempeño de las autoridades”.
Alejandro Martí, presidente de SOS, comentó que a un mes de cumplirse dos años de la firma del ANSJL en Palacio Nacional, donde lanzó: “Si les queda muy alta la vara y no pueden... renuncien”, es una vergüenza tener aún una policía como la actual, no aprobar la ley antisecuestro, entre otros compromisos.
Por su parte, Eduardo Gallo, de México Unido contra la Delincuencia, precisó que de los 74 compromisos de los gobiernos federal, estatal y municipal sólo se ha cumplido 5.2% de lo prometido.
Las organizaciones rechazaron el acuerdo publicado el pasado 16 de junio en el Diario Oficial de la Federación, que otorga la responsabilidad de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dejando de lado la labor “independiente realizada desde hace seis años por el ICESI”.
Valoran el trabajo del INEGI, pero “no es independiente”
Luis de la Barreda, presidente del ICESI, y Federico Reyes Heroles de Transparencia Mexicana no quisieron descalificar al INEGI que cuenta con “encuestadores profesionales”, pero no están de acuerdo con las preguntas que están formulando, porque “son inducidas” y también están inconformes con los 30 millones de pesos que estaban en juego como presupuesto para el levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI).
Resaltaron que justamente el surgimiento del ICESI respondió a la “necesidad de contar con un organismo ciudadano, independiente y de corte académico, capaz de generar información estadística sobre la criminalidad”.
Además, enfatizaron que el instituto tiene el aval de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
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Artículo publicado en el periódico El Economista el jueves 29 de Julio de 2010.
