La medida y la sospecha
Héctor Aguilar Camín
El desacuerdo institucional le está quitando credibilidad a un instrumento serio de medición de la inseguridad en México. En la séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad, correspondiente a 2009, se ha roto la colaboración entre el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi), que diseña y analiza la encuesta desde el año 2002, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que este año hizo todo: diseñó, levantó, analizó y divulgó los resultados de la encuesta.
El Icesi ha emitido críticas sobre los resultados de la encuesta levantada este año sin su supervisión y liderato.
Es la ruptura de un buen precedente de colaboración de organismos ciudadanos y organismos gubernamentales. La opinión pública merece una explicación de lo sucedido.
El gobierno debe restablecer la colaboración entre el Icesi y el INEGI, por simple voluntad de sostener lo que funciona, en vez de dejarlo perderse.
Las del Icesi son dudas importantes no sólo por sus detalles técnicos, que son revisables, sino porque sugieren que en la divulgación de algunos resultados de la encuesta, y la omisión de otros, hay un manejo sesgado.
La cifra más problemática es la de los delitos por cada cien mil habitantes, que bajó, según el INEGI, de 11.5 en 2008 a 10.1 en 2009.
¿Cómo puede bajar esta cifra, se pregunta el Icesi, si el número de delitos denunciados creció (de 1 mil 439 a 1 mil 463) y el número de delitos en viviendas se mantiene igual?
El Icesi reprocha al INEGI dos omisiones. La primera es que no reporta incidentes durante el levantamiento de la encuesta, por ejemplo en zonas afectadas por la violencia.
En la tercera parte de las viviendas de Tamaulipas, por ejemplo, no hubo respuesta, y Tamaulipas sale sin embargo como uno de los estados menos inseguros.
Una segunda omisión del INEGI es no haber divulgado en su informe sobre la encuesta las cifras de percepción favorable o desfavorable a los operativos policiacos y militares.
Son cifras que tienden a empeorar para el gobierno, aunque no mucho. En 2008, 86 por ciento de la gente estaba a favor de los operativos; en 2009, la cifra de acuerdo baja a 82. En 2008, sólo 59 por ciento creía que los operativos habían mejorado la inseguridad pública; en 2009, la cifra bajó a 56 por ciento.
Quizá la pérdida mayor en todo este incidente no sea la precisión, sino la credibilidad, por haber echado del proceso a un organismo ciudadano de comprobada seriedad en la materia.
“Lo que no se mide, no se conoce. Lo que no se conoce, no se puede resolver”. Este es el lema del Icesi. Podríamos agregar: las mediciones, como la mujer del césar, no sólo tienen que ser serias, sino parecerlo.
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