BOLETÍN ICESI – 19/07/05
Los mexicanos queremos seguridad en nuestras calles, nuestras viviendas, nuestro patrimonio, los establecimientos comerciales, nuestros vehículos y el transporte público.
Los cada vez más frecuentes acontecimientos en materia de inseguridad como los homicidios de funcionarios estatales de las áreas de seguridad, el surgimiento del narco como fuente de la erosión social, la colusión de autoridades de seguridad pública y procuración de justicia en actos delictivos…. evidencian el fracaso de las políticas de seguridad pública tanto del orden común como federal.
No podemos tolerar a un Estado completamente resquebrajado. No podemos tolerar que la rivalidad entre partidos, grupos de poder y actores políticos genere un estatismo aún en lo más básico y prioritario: nuestra seguridad.
Debemos hacer un frente común ante la delincuencia.
Se trata de sustentar la estructura conceptual en materia de seguridad pública y justicia bajo los estudios y aportaciones que en materia criminológica ya existen y se están formulando por diversas instituciones del país y que no se han incluido en los programas en la materia. La política criminológica deberá estar acompañada de los mecanismos que aseguren su viabilidad y que no mueran en los laberintos legislativos.
Se trata de promover un orden legal que obligue a las entidades federativas y al gobierno federal a cumplir con los ordenamientos de la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública —CNSP—, órgano superior de decisión en materia de seguridad pública.
Se trata no de regresar a base cero, sino de utilizar y potencializar lo que existe.
Se trata de presionar a las entidades federativas para integrar sus registros de personal, de presuntos delincuentes, de vehículos, de armamento y equipo, etc., para alimentar al Centro Nacional de Información sobre Seguridad Pública —que ya existe— de manera que puedan ser consultados por otras entidades y por todas las corporaciones del país.
Se trata de priorizar la sistematización e intercambio de la información, ya que los sistemas de seguridad exitosos en otros países comparten su información, tal como Francia, España, Estados Unidos, Israel, etc.
Se trata de priorizar también la coordinación entre corporaciones policiales del país. No podemos seguir operando a través de islas y encapsulados cada uno en su propia información.
Se trata de establecer en un registro común lo relacionado con la identificación general de cada persona: seguridad social, pasaporte, credencial de elector, RFC, etc.
Se trata de privilegiar la realización de encuestas victimológicas anuales, a través del ICESI, como fuente de información indispensable para integrar bases de datos del comportamiento de la criminalidad. La información sobre los delitos que llegan a conocimiento de las autoridades es de utilidad limitada: es imprescindible tener una idea de cuántos crímenes se cometen, sean o no denunciados, de qué tipo, dónde, cómo y cuándo.
Se trata de apoyar la utilización de tecnología de punta y de los sistemas digitales no solo en la procuración de justicia, sino también en las áreas de seguridad pública e impartición de justicia.
Se trata de reintegrar en el CNSP a la Secretaría de Gobernación, para evitar la desarticulación de los servicios de inteligencia de la seguridad pública y que las funciones en la materia permanezcan bajo una Subsecretaría de Seguridad Interior, como existe en la mayoría de los países del mundo dentro de los ministerios del interior, ya que la Secretaría de Seguridad Pública ha mostrado su total ineficacia en 5 años de existencia.
Se trata de que sociedad y Estado estemos unidos en lo esencial: NUESTRA SEGURIDAD.






