Comunicados Propuesta para abatir la criminalidad
Propuesta para abatir la criminalidad
BOLETÍN / BP-ICESI-07 / marzo de 2003
Boletín de Prensa
Propuesta al Gobierno del Distrito Federal para abatir la criminalidad
La seguridad pública en la capital de la República Mexicana está bajo mínimos. Así pareció reconocerlo el gobierno del Distrito Federal al anunciar la contratación de Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York, para que dispensara su asesoría respecto de cómo combatir la criminalidad en nuestra macrópolis, habida cuenta del éxito que alcanzó en esa misma asignatura durante sus dos períodos de gestión en esa gran ciudad de los Estados Unidos.
El derrumbe de la seguridad ha sido vertiginoso a partir de la década de los ochenta. La primera encuesta sobre inseguridad en las entidades federativas llevada a cabo por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), que tuvo como período de referencia el año 2001, revela que el Distrito Federal es la entidad con mayor incidencia delictiva del país —17,718 delitos por cada 100,000 habitantes—, aunque esa incidencia no se refleja en las cifras oficiales ya que el 76% de los delitos no se denuncia, básicamente porque las víctimas desconfían del Ministerio Público, consideran que los trámites son largos y difíciles, o creen que denunciar es perder el tiempo.
Por lo menos alguno de los moradores del 39% de los hogares fue víctima de uno o más delitos. El 55% de los agraviados sufrió violencia física o moral. En uno de cada dos delitos violentos, los delincuentes utilizaron armas de fuego. El 80% de los habitantes considera que vivir en esta entidad es inseguro. La percepción de inseguridad ha motivado que el 70% haya dejado de salir de noche. Además, muchos han dejado de llevar consigo dinero en efectivo, usar joyas, visitar parientes o amigos que viven lejos de sus hogares, o tomar taxis.
En el Distrito Federal se registra una incidencia de 8.4 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Aquí ocurre el mayor número de secuestros en el país: en 2002 se denunciaron 167, aunque según la COPARMEX realmente se cometieron 230.
Una perspectiva de sociología criminal endosa la creciente inseguridad pública al déficit de empleos, la pobreza, la marginación y la desigualdad social. Sin embargo, dado que esas fuentes de criminalidad no pueden extinguirse de la noche a la mañana sino tan sólo irse modificando favorablemente de manera paulatina y gradual, es preciso emprender acciones que permitan reducir el índice delictivo cuanto antes.
La inseguridad pública erosiona la calidad de vida de todos, lesiona la cohesión social, lastima la convivencia civilizada, y es la primera de las injusticias sociales, la más lacerante, la más insoportable, la que más angustia e irrita a los ciudadanos.
Consciente de la gravedad y la complejidad del problema, y aun a sabiendas de que Rudolph Giuliani y otros asesores y consultores del gobierno del Distrito Federal harán proposiciones valiosas, el ICESI, como organismo ciudadano encargado de estudiar la inseguridad, quiere cooperar también con las autoridades, y a tal fin les hace llegar las sugerencias contenidas en este texto.
El punto de partida de una política criminológica exitosa es la aceptación de que nuestros órganos encargados de prevenir y perseguir los delitos están lejos de funcionar satisfactoriamente. Lograr que consigan niveles óptimos es conditio sine qua non en la batalla contra la inseguridad pública, siempre y cuando no perdamos de vista que tampoco puede prescindirse de la participación ciudadana.
Policía preventiva
En el Distrito Federal de los 87,994 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, sólo 26,979 son considerados policías preventivos, por lo que hay un policía preventivo por cada 315 habitantes. Se propone una reasignación de parte del personal e incrementar la cifra no sólo para llegar al mínimo recomendado por la Organización de las Naciones Unidas —uno por cada 276 habitantes—, sino incluso para, tomando en cuenta las zonas de alta incidencia delictiva y las características de la ciudad, contar con la cantidad ad hoc. Los agentes de tránsito podrían realizar también labores preventivas.
No contamos con una verdadera policía. Para tenerla, es inexcusable instaurar una auténtica carrera policial, con duración de al menos dos años, equivalente en su nivel académico a una carrera universitaria, y en la que los alumnos reciban una sólida preparación teórica y práctica. Los aspirantes han de contar con estudios de bachillerato y las cualidades que les permitan llegar a ser buenos policías. Los agentes en activo deben tener una capacitación constante y permanente en módulos del Instituto Técnico de Formación Policial en cada sector de adscripción.
Las tareas de la policía preventiva no son menos importantes ni menos riesgosas que las de la policía judicial, por lo que los sueldos y las prestaciones de los agentes preventivos deben ser equivalentes a los que disfrutan los agentes judiciales.
Hay que establecer un servicio civil de carrera con mecanismos claros, trasparentes y objetivos en el sistema de permanencia, ascensos, promociones, estímulos y premios.
El gobierno del Distrito Federal está obligado a proveer a la Secretaría de Seguridad Pública de los recursos suficientes, aprovechando la totalidad de los fondos federales que se otorgan para ese objetivo, los cuales, por razones inexplicadas, no siempre ha ejercido íntegramente. Las armas, el parque vehicular y los equipos de comunicación deben ser los suficientes y los mejores, para que la policía preventiva pueda enfrentar no sólo sin desventajas, sino incluso ventajosamente, a los delincuentes. Los chalecos antibalas deben ser los suficientes e idóneos para que los agentes preventivos queden bien protegidos incluso contra armas de alto poder, tal como lo plantea la Recomendación 9/2001 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Resulta indispensable que en cada una de las delegaciones, y bajo el mando inmediato del Jefe Delegacional, haya, en cantidad suficiente, elementos que interactúen con la comunidad, unos patrullando las calles a pie o en bicicleta, otros permaneciendo alerta en los módulos de vigilancia, alternándose en esas tareas, y que sean ampliamente conocidos, y reconocidos, por los vecinos.
Finalmente, dos aspectos a los que hay que conceder la debida importancia: las esposas y las partes informativos. Bien usadas, las esposas son un instrumento eficaz para que los policías controlen a los detenidos e impidan que éstos los agredan o se lesionen a sí mismos. Por otro lado, de un buen parte informativo depende muchas veces el éxito de la averiguación previa. Los policías deben saber elaborarlos adecuadamente.
Tecnología e información
Número telefónico de emergencia. En la ciudad capital hay un número asignado a la policía judicial, el 061, y otro, el 060, a la policía preventiva. Es conveniente que funcione un solo número de manera óptima para todos los servicios urgentes de seguridad pública y de protección civil, y ese número debe ser precisamente el 066 pues es el que ya se está utilizando en la mayoría de las entidades federativas. Asimismo, es indispensable un centro de operación equipado con tecnología informática y de telecomunicaciones de punta, apto para la transcripción encriptada de voz, datos e imágenes, a fin de impedir que la delincuencia penetre los sistemas y se mantenga informada de los operativos. El centro ha de contar con una base de datos de números telefónicos que permita ubicar inmediatamente el origen de la llamada, y con pantallas que muestren la localización de las patrullas, de tal manera que desde el propio centro pueda coordinarse un operativo.
Registro de personal. El Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública tiene el propósito de contener la información relativa a los integrantes de las instituciones con los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, y detectar cualquier cambio de adscripción, actividad o rango, y las razones que lo motivaron. El Distrito Federal cuenta tan sólo con poco más de 2,000 registros ante el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, es decir, apenas el 2% del total de su estado de fuerza. Integrar la información completa en estos registros permitirá contar con datos que faciliten la identificación de elementos despedidos de su institución a fin de que ya no puedan ser recontratados en otras entidades.
Códigos de barras. Además de un padrón vehicular confiable, sería de gran utilidad para la recuperación de automóviles robados la instalación de códigos de barras en los vehículos, los cuales puedan instalarse en los cristales. Lectores automáticos o portátiles detectarían los automóviles robados.
Análisis geodelictivo. Un sistema informático de estadísticas computarizadas permitirá ubicar las calles, las plazas y las esquinas en que se va incrementando la delincuencia. En las zonas críticas debe aumentarse la vigilancia. Por supuesto, este sistema no funcionará sin la exigencia a los agentes policiales de eficacia en las zonas asignadas.
Cumplir el derecho y combatir el desorden
Orden y libertades. La libertad sólo puede existir en un ambiente de seguridad razonable. No se ejerce plenamente la libertad si se abandonan, por el temor que la inseguridad produce, hábitos o actividades importantes para una buena calidad de vida. El temor al crimen está poderosamente vinculado con las condiciones desordenadas de calles y vecindarios. Es importante aplicar la Ley de Justicia Cívica sin disimulo, sistematizar bases de datos a partir de las sanciones impuestas, e intercambiar información entre jueces cívicos, Ministerio Público y jueces penales. Los infractores sancionados algunas veces son asimismo presuntos delincuentes contra quienes se han dictado órdenes de aprehensión, que se podrían ejecutar inmediatamente tras la detención administrativa.
Desorden y delito. No es difícil percatarse de la relación entre desorden callejero, delincuencia común y delincuencia organizada. Variadas formas de comercio ambulante, por ejemplo, además de conformar un mercado de objetos robados, fracturan la continuidad de los espacios urbanos obstruyendo la vigilancia y facilitando asaltos por las ventajas que ofrecen a los delincuentes para esconderse y huir. Hay que revertir el desorden consistente en cercas derruidas, deficiente alumbrado público y lotes baldíos. Hay que combatir la posesión y el tráfico ilícitos de armas de fuego, que hoy se pueden adquirir con asombrosa facilidad.
La duración del arresto. Se propone impulsar una reforma constitucional que permita que el arresto, que ahora puede durar hasta 36 horas, pueda prolongarse hasta 72 ya que el límite actual máximo del arresto no inhibe las conductas ilícitas.
No hay excusa para la falta de control en el otorgamiento de placas para vehículos automotores. No se pueden seguir tolerando los taxis piratas, utilizados para tantos asaltos. Desde luego, la restauración del orden debe lograrse respetándose rigurosamente los derechos humanos.
Participación ciudadana
Una eficaz participación comunitaria requiere como punto de partida de la instauración de la policía de barrio.
Se deben expedir convocatorias, colonia por colonia, invitando a todos a participar en el diseño de planes de seguridad pública.
Es imprescindible crear un clima cordial y de confianza en el que las propuestas se escuchen seriamente y las observaciones sobre el desempeño de la policía se atiendan.
A fin de que quien denuncia un delito ante el Ministerio Público no sea víctima de represalias, hay que propiciar la denuncia anónima, distinta de, y previa a, la denuncia formal que exige la garantía consagrada en el artículo 20 constitucional, la cual puede ser presentada por el policía que recabe las pruebas o realice la detención en flagrancia.
Contra la delincuencia organizada
La criminalidad organizada actúa en varias entidades, en el país entero o en varios países a la vez. El Distrito Federal debe integrarse sin reservas a los esfuerzos nacionales auspiciados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que implica la obligación de intercambiar información de sus bases de datos, así como actualizarlas y depurarlas permanentemente, y la de mantener una estrecha y permanente coordinación con las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia del resto del país. Las tareas de inteligencia son imprescindibles para saber cuántas bandas operan en la Ciudad de México, su ubicación, los delitos que cometen, etcétera.
Contra la violencia doméstica
Los últimos años del siglo XX fueron testigos del despliegue de campañas en los medios de comunicación contra la violencia familiar. Esos esfuerzos, sin duda plausibles, han sido insuficientes. No ha sido íntegramente aprovechada la formidable influencia de los medios en la mentalidad del público.
Es preciso impulsar ambiciosos programas en los que la finalidad pedagógica sea eficaz tanto por el contenido como por la forma en que éste se presente para mostrar las terribles consecuencias del maltrato doméstico, las cuales no se reducen al sufrimiento de los ofendidos sino que suelen ser el germen de nuevos actos de violencia. Los medios tienen la capacidad de educar a los padres en ese tema concientizándolos de las secuelas del fenómeno.
En cada delegación debe crearse un servicio terapéutico para que los niños que han sufrido —así sea como espectadores— la violencia familiar puedan borrar las profundas huellas psicológicas que ésta deja. El objetivo será reconducir las conductas agresivas o pasivas y enseñar a los niños que existe otro modelo de relación familiar.
El maltratador también debe ser rehabilitado sin que esto obste para que le impongan las sanciones que su conducta amerite.
Rehabilitar adictos
Las adicciones a las drogas, y al narcotráfico que las alimenta, no sólo producen daño a quien las padece, sino que también propician la comisión de una amplísima gama de delitos. También en este problema los medios deben jugar una relevante labor educativa: se trata de plantear al público las consecuencias del consumo de drogas, y mostrarle, sobre todo a los niños y a los jóvenes, la importancia de decir no, esa palabra con la que empieza la libertad.
En cada delegación debe funcionar un programa eficiente de rehabilitación de adictos.
Opciones vitales y espacios para el ocio
Los hombres de 10 a 25 años constituyen el 16% del total de la población del país. Esta proporción se triplica (41%) entre los delincuentes. Una explicación razonable no puede eludir el hecho de que no se han creado suficientes empleos para los jóvenes sin que, por otra parte, éstos hayan permanecido más tiempo en el sistema educativo. El estímulo a la creación de plazas laborales debe ser una de las prioridades de la política social. Mientras se logra crear esas plazas, es preciso que, colonia por colonia, se ofrezcan a la juventud opciones para el ocio fructífero.
Ministerio Público
La pesadilla del ofendido por la comisión del delito continúa con la llegada a la agencia investigadora y suele prolongarse durante la integración de la indagatoria. La actuación de los agentes del Ministerio Público no está sujeta a controles eficientes por parte de sus superiores jerárquicos, lo que facilita que se vea afectada por la desidia, el desinterés, la carencia de profesionalismo y las prácticas corruptas.
Los agentes judiciales sólo logran cumplir una de cada cuatro órdenes de aprehensión. Del total de indagatorias iniciadas en 2002, sólo en el 4.5% de los casos los probables responsables fueron puestos a disposición de los jueces penales o de paz.
Entre los pasos que hay que dar para superar ese desastre, hay uno cuyos efectos benéficos se percibirían de inmediato: la aplicación de la tecnología digital.
Las actas de denuncia se configuran electrónicamente y se imprimen con un código de barras que impide la adulteración del expediente y permite su localización con facilidad.
Al denunciante se le asigna un número de identificación personal (NIP) que le posibilita ir conociendo los trámites de la indagatoria sin necesidad de entrar en contacto con el agente del Ministerio Público.
La consulta se hace por internet, para lo cual la Procuraduría contaría con módulos conectados a la red. Esto obstruye la manipulación indebida de la indagatoria, evita el extravío de documentos y facilita la búsqueda de éstos.
Los altos mandos conocen con precisión qué indagatorias están a cargo de cada agente del Ministerio Público, cuál es la situación de cada una, el motivo de las demoras en el desahogo de pruebas, y el nivel de productividad y calidad del trabajo.
Así, por una parte se supervisaría la actuación de los agentes ministeriales sin mayor dificultad, y por otra se facilitaría otorgar ascensos y estímulos estrictamente por méritos profesionales. Se sabría también qué órdenes de aprehensión tiene a su cargo cada agente judicial y qué acciones ha llevado a cabo para cumplirlas. Otra ventaja sería la simplicidad para la indagación de datos y el cruce de información.
Es necesario incrementar el número de agencias investigadoras. Actualmente se cuenta con 71, que en 2001 debieron atender alrededor de 171,000 denuncias. Si se estima que el máximo que cada agencia puede atender con prontitud y profesionalismo es de 2,000 denuncias anuales, deberían existir al menos 85 agencias.
Los cursos de formación, con el nivel y las asignaturas adecuadas, no deben durar menos de un año para aspirantes a agentes del Ministerio Público, dos años para candidatos a agentes de la policía judicial, y entre seis meses y un año (dependiendo de la especialidad) para solicitantes de plazas de peritos.
La capacitación del personal en activo debe ser continua y de alto nivel.
La unidad antisecuestros debe reforzarse con los mejores recursos tecnológicos de punta, y deben crearse otras unidades especializadas para perseguir algunos otros delitos especialmente graves o combatir diversas modalidades de la delincuencia organizada.
Centros de reclusión
Las prisiones deben ser lugares donde concurran la salvaguarda de la seguridad y el orden y el respeto a la dignidad de los internos.
Además de las propuestas formuladas hace ya una década por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es indispensable llevar a cabo tratamientos especializados de desintoxicación y rehabilitación de internos adictos, no sólo para poder combatir con eficacia el tráfico de drogas en los reclusorios sino como medida de prevención de la reincidencia, y es aconsejable separar a los reclusos violentos de los no violentos no sólo por la seguridad de estos últimos sino para evitar la contaminación criminógena.
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No renunciemos a rescatar la ciudad de manos de la delincuencia, no renunciemos a recuperar la ciudad que todos soñamos —la expresión es de Octavio Paz—, porque esa renuncia equivaldría a aceptar la degradación definitiva del escenario en el que cotidianamente se nos manifiesta la vida. Este rescate es posible, y debemos iniciarlo ya. Se trata de una apuesta a favor de la vida buena cuyas posibilidades ha venido cercenando la criminalidad. Nos jugamos nada menos que la viabilidad de la convivencia civilizada.
