Comunicados Sobre la instalación de casinos en México
Sobre la instalación de casinos en México
13 de febrero de 2005
Con el fin de orientar la discusión sobre la conveniencia de autorizar o no los casinos en México, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) solicitó al Dr. Rafael Ruiz Harrell, reputado criminólogo y asesor del ICESI, que elaborara un estudio que examinara las ventajas y desventajas de permitir tales casas de juego.
El texto que hoy se hace público es el resultado de esa solicitud y en él, tras de señalar que no se trata de un problema moral, sino de precisar las consecuencias indeseables que puede tener para terceros, se ofrece una breve reseña del desenvolvimiento del juego de apuesta en Estados Unidos.
Destacan aquí, y de manera muy particular, las cuantiosas sumas que el consorcio del juego ha invertido para convencer a legisladores, gobernadores y jefes de policía que los casinos son parte del negocio de la diversión y, lejos de tener consecuencias perjudiciales, fomentan la inversión, alientan la creación de fuentes de empleo y ayudan a acelerar el desarrollo.
Se examina en seguida cuál ha sido la posición de nuestros gobiernos desde 1938, cuando se prohibieron los casinos, hasta llegar a los tres proyectos legislativos que se discutieron en la Cámara de Diputados en 1999, 2002 y 2004. Así tengan diferencias de detalle, los tres proyectos comparten un núcleo común: los tres favorecen los casinos tipo Las Vegas, les imponen impuestos especiales del mismo orden (nueve por ciento sobre ingresos), les otorgan facilidades semejantes en relación a su instalación y manejo, e intentan justificarlos con los mismos argumentos que el consorcio del juego empleó previamente en Estados Unidos.
Como podrá suponerse, también hay en nuestro país intereses que favorecen la apertura de casinos. En un principio intentaban justificar su posición con los señalamientos más desmedidos: permitir las casas de juego era, o poco menos, el camino más rápido y eficaz para lograr el pleno desarrollo. A partir de ahí fueron moderando sus pretensiones y hoy admiten que la inversión, las fuentes de empleo y los ingresos que representarían los impuestos especiales que han de cubrir los casinos son mucho más restringidos de lo que habían supuesto.
Un análisis detallado de este aspecto de problema revela, por una parte, que con 26 casinos nuestro país estaría saturado y, por la otra, que funcionando a plena capacidad —lo que requeriría de más o menos 20 años para conseguirlo—, no llegarían a pagarle al Gobierno Federal, en total y por concepto de impuestos especiales, más de 326 millones de pesos por año. Y aun esa suma puede resultar excesiva puesto que los casinos afectan negativamente a muchos otros negocios independientes que se ven obligados a cerrar, hecho que reduce el total de los impuestos recaudados. Las promesas en torno a las fuentes de empleo deben también moderarse, primero, porque no son tantos los trabajos que originan los casinos, y, después, porque también son muchos los empleos que se pierden con las casas de juego.
Si los beneficios de los casinos son muy restringidos, sus posibles perjuicios son, en cambio, tan grandes como reales. No hay duda, por ejemplo, de que los casinos constituyen un factor criminógeno a partir del quinto año de su funcionamiento, cuando ya han creado una población dependiente del juego. Esta población adicta a apostar constituye la fuente principal de los ingresos del casino y para alimentar su vicio malbarata lo que tiene, roba, consigue préstamos que no paga, engaña a familiares y amigos, e incurre en un sinnúmero de delitos grandes y pequeños. Considerando sólo los crímenes más serios —homicidio, violación, lesiones y todos los tipos de robo—, un reconocido estudioso del problema, Earl Grinols, demuestra que en todos los condados estadounidenses en los que hay casas de juego, del cuarto al sexto año de que entraron en funcionamiento, la criminalidad aumenta en la zona más del 50 por ciento. Hay confirmaciones independientes de que lo mismo ocurre en otros países.
Debe comentarse que no hay un solo caso en el cual los casinos no hayan dado origen a la formación de grupos de jugadores compulsivos o dependientes. Hoy en día la dependencia del juego está caracterizada como una enfermedad mental y figura en los manuales de diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría. Alrededor del cinco por ciento de la población adulta que vive a menos de 40 kilómetros de un casino termina por ser dependiente. Con 26 casinos funcionando, nuestro país acabaría teniendo en unos años alrededor de 2 millones y medio de jugadores problemáticos o patológicos y la criminalidad consecuente.
El estudio, que incluye numerosas referencias bibliográficas, concluye señalando que ese negocio es simple y llanamente una actividad predatoria que reduce los niveles de bienestar. Su recomendación final es que no se autorice el funcionamiento de casinos del tipo señalado.
La investigación que presentamos no refleja necesariamente la opinión de todas las instituciones que conforman la Asamblea de Asociados del ICESI.
