Gacetas Más dinero a la seguridad pública
Gaceta informativa 14
Más dinero a la seguridad pública
Arturo Aragón Durán
Dadas las condiciones actuales el aparato burocrático administrativo de prevención, control, procuración, persecución y sanción tiene un costo muy alto que no corresponde con los resultados obtenidos.
En los últimos años las autoridades de los tres niveles de gobierno han tenido que tomar decisiones de enormes consecuencias debido a su costo social y económico, acerca del tamaño, composición y propósito que deben tener las fuerzas de seguridad pública y justicia del país.
Estas decisiones han ido (al menos en intención) desde el tipo de armamento y equipo que dichas fuerzas deben utilizar, hasta aquellas menos visibles para el público, como son la definición del tipo y rol que juega la tecnología o el reclutamiento, selección, evaluación y promoción del personal, así como la relación que se establece con las diferentes instancias que deben coordinarse para efectos de garantizar la seguridad y procurar justicia.
Cada una de estas decisiones ha conllevado serías implicaciones económicas, políticas y sociales de largo plazo no sólo para el problema de inseguridad que nos aqueja sino, inclusive para la nuestra estabilidad y futuro del país. Es así un problema de seguridad nacional.
Este señalamiento viene a cuento, en virtud de que una de las demandas ciudadanas que más se han escuchado en las últimas semanas y que ha tenido eco en las autoridades es el otorgar un mayor presupuesto a las instituciones de seguridad pública con el objeto de que tengan mayores recursos que les permitan enfrentar de manera decidida y frontal a la delincuencia.
No existen proyectos evaluables de seguridad pública y las metas que se plantean corresponden a objetivos de medición de la actividad administrativa de las instituciones de seguridad pública y justicia, y no a objetivos concretos de disminución real de la delincuencia.
Se plantea en los presupuestos y programas operativos anuales de cada institución de cualquier nivel de gobierno la compra de armamento y equipo, contratación de más policías, la construcción de reclusorios, el contar con un registro del personal de seguridad pública, etc; pero no se advierte específicamente si ese gasto va a servir para disminuir la incidencia delictiva, ni se establecen medidas eficaces para su evaluación.
Con ello, al finalizar cada ejercicio presupuestal anualmente se evalúan las acciones en función de si se realizaron los operativos de vigilancia planteados, si se compró el equipo presupuestado, si se construyó un edificio adicional o un CERESO, si se contrató a más personal. Cada responsable se siente satisfecho de haber cumplido estas metas y programas; pero lamentablemente ese no es el objetivo ni del gasto ni que deben de perseguir las instituciones de seguridad pública.
El objetivo de cada programa, de cada funcionario, de cada peso gastado en seguridad pública debe ir encaminado a la disminución de la incidencia delictiva. Así las actividades, planes, programas, estrategias y demás acciones propuestos, si no consiguen reducir la delincuencia, ya sea un robo, un homicidio, una violación, no sirven para nada.
Muestra de lo anterior es el informe presentado el pasado 16 de agosto de 20041, en atención a las 10 líneas en contra de la inseguridad y la delincuencia, planteadas por el presidente Fox, como resultado de la marcha ciudadana por la seguridad donde se le exigió a las autoridades detener la ola de delincuencia percibida por la ciudadanía.
Ahora bien si se revisan concienzudamente las acciones planteadas en las 10 líneas de acción podremos observar que en ninguna de ellas se proyecta reducir la delincuencia, eliminar la impunidad o aumentar la eficiencia y eficacia de las instituciones de seguridad pública. Se han realizado reuniones y adecuaciones legales, surgen propuestas de fortalecimiento y creación de grupos especiales o unidades modelo al interior de la República, y se sigue hablando, o peor aún proponiendo acciones que la profesionalización, terminar acciones administrativas que todos creíamos se encontraban ya ejecutadas en su totalidad, como la evaluación y profesionalización de los cuerpos de seguridad y justicia, el registro nacional de personal de seguridad pública y otros registros como el de vehículos, o la misma red nacional para la seguridad pública. Acciones de las que venimos oyendo hablar desde hace más de 5 años y de las cuales pareciera que hoy vuelven a presentarse como algo novedoso y tras lo que se deben alcanzar acuerdos.
Asimismo, se informa que se han realizado campañas de cultura de la legalidad y de la prevención del delito, así como de la transmisión de spots televisivos, de radio y en los cines para fomentarla; pero en el informe del Gobierno Federal y del Consejo Nacional de Seguridad Pública no se señala en ningún momento sobre la evaluación de las acciones, una real disminución de la delincuencia o de algún programa en particular, concreto y objetivo, que nos conduzca al propósito deseado.
Un punto que destaca es el de la aportación adicional de mil millones de pesos a las entidades federativas para fortalecerlas en el combate a la delincuencia y la petición en trámite de que se someta a la Cámara de Diputados el incremento del presupuesto como mínimo en un 100% respecto de los recursos destinados a combatir la inseguridad en el presente año.
Esta cuestión es inaudita y la sociedad debería oponerse a que se otorguen mayores recursos a instituciones que no sólo han probado su ineficiencia, sino que se niegan a rendir cuentas o a proporcionar información estadística alguna que pruebe sus aseveraciones.
Más aún cuando el 16 de Agosto del 2004 en la XVI sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública sus miembros2 aprobaron el Plan Emergente de Acciones para Afrontar el Fenómeno Delictivo y su ejecución durante el presente año donde se contemplan necesidades presupuestarias por un monto superior a los 2,600 millones de pesos para infraestructura, personal, armamento y equipo.
Si hacemos un sencillo ejercicio estadístico con datos del 3er Informe de Gobierno presentado por el presidente Fox, se puede realizar una gráfica muy simple en donde se pueden ver los recursos ejercidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y su relación con la incidencia delictiva:
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IV informe de gobierno del Presidente Fox. Los datos para el 2004, fueron estimados.
En esta gráfica se presenta tanto el gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en pesos gastados) como el índice delictivo del fuero común. Así, podemos observar que por cada $100 que se gastaban en 1997, para 1999 se gastaron $398.8. Asimismo que por cada 100 delitos que se denunciaban en 1977, se denunciaron 91.1 en 1999. En 1997 se gastaron $100 y se tenían 100 delitos denunciados. En 1998 se redujo la incidencia delictiva en 9 puntos porcentuales, mientras que el gasto pasó a $155.3; en 1999 se mantiene el índice delictivo y el gasto se elevó en un 157% pasando a $556.8 pesos por cada $100 gastados en 1997.
Aparentemente sólo el gasto del primer año (1997) fue eficiente, en virtud que un aumento en el 50% del gasto, trajo consigo una reducción de 9 puntos porcentuales y a partir de ese momento el gasto se ha vuelto completamente ineficiente y de hecho, como puede verse en la gráfica, en 2003 con el mismo índice delictivo que en 2001, nos encontramos tan sólo 5 puntos porcentuales por abajo del índice de 1998.
En términos reales la seguridad pública ha costado a los mexicanos más de 150 mil millones de pesos. Y más grave aún, que las instituciones de seguridad pública se niegan a rendir cuentas o a proporcionar estadísticas que permitan evaluar la eficiencia que se ha tenido en el combate a la inseguridad. Ese es precisamente uno de los objetivos por los cuales se creó el ICESI hace poco más de 2 años y a la fecha hemos tenido que buscar la información estadística oficial por otras vías y generar la propia, en virtud de su negativa a proporcionarla por tratarse de "información reservada a 12 años".
Entonces ¿para que se quiere más dinero? Es imprescindible primero exigir una rendición de cuentas de los miles de millones de pesos gastados y el porque de los escasos resultados obtenidos.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IV informe de gobierno del Presidente Fox. Los datos para el 2004, fueron estimados.
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2 El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) se
integra —artículo 12 de la Ley General de Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP)— por el Secretario de Seguridad Pública, quien lo preside; los
Gobernadores de los Estados; los Secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de
Comunicaciones y Transportes; el Procurador General de la República; el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, y el Secretario Ejecutivo del SNSP.
Sin embargo, el pasado 18 de agosto se presentó un alcance a la iniciativa en materia de
seguridad y justicia penal enviada por el Ejecutivo al Senado en abril, que contempla
modificar la integración del CNSP para ampliarlo: Artículo 10 de la Ley de Seguridad Pública:
El Consejo Nacional estaría integrado por: el Presidente de la República, quien lo presidirá;
los Gobernadores de los Estados; el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; los Secretarios del
Interior; de Gobernación; de la Defensa Nacional; de Hacienda y Crédito Público; de la Función
Pública; de Marina; de Comunicaciones y Transportes; de Educación Pública; de Salud; de
Relaciones Exteriores; el Fiscal General de la Federación; el Director del Centro de
Investigación; el Coordinador General de Protección Civil; el Comisionado del Instituto Nacional
de Migración; el Administrador General de Aduanas; el Titular del Centro Nacional de Seguridad
Nacional; el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional; el Comisionado; tres presidentes
municipales designados por la Conferencia Nacional de Municipios de México, y un representante
de organizaciones ciudadanas.
